La justicia es igual para todos pero para algunos ciertamente está lejos de ser equivalente. Esto lo ha reflejado la Fiscalía General del Estado (FGE) en su informe correspondiente al año 22 en el que señala las diversas dificultades para acceder a la justicia de las personas con discapacidad o mayores.
En España aproximadamente un veinte por ciento de la población no sabe manejarse en elámbito digital y por ello, la digitalización de la justicia deja fuera a las personas con discapacidad y/o mayores por la imposible brecha digital. Aunque para la FGE no existe tal brecha citan en el texto lo siguiente:
«La unidad ha continuado centrada en el impulso durante 2022 de la incorporación a la práctica judicial y fiscal de los distintos ajustes del procedimiento que sean necesarios en aras a lograr una justicia inclusiva, que permita a las personas con discapacidad actuar en un proceso judicial en condiciones de igualdad», finaliza la Fiscalía en su informe.
En el documento se hace una reflexión acerca de las situaciones extraordinariamente complejas que tienen que vivir las personas de cierta edad o que estén sordas, no puedan moverse bien, tengan una ceguera o un problema cognitivo, por poner un ejemplo.
A las necesidades habituales se le han de sumar las que son del ámbito judicial. En muchas ocasiones, citan: «conviven en estos casos la falta de suficiente identificación de la persona y la imposibilidad de determinar o fijar un domicilio conocido como residencia habitual», indican desde la Fiscalía General del Estado.
Entre los deberes de la FGE está actualizar la accesibilidad para que puedan llegar a un sector olvidado de manera que las personas puedan contar con mediadores institucionales y procedimientos adaptados para facilitar su uso.
Las distintas y ya numerosas barreras a la hora de hacer cualquier gestión impiden a los usuarios con discapacidad acceder a una solución fácil y adaptada.
