La incapacidad de hecho: la puerta de acceso a la eutanasia

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La ley de eutanasia introduce la prestación de ayuda para morir, pero para tener acceso a este derecho el paciente deberá seguir un protocolo de incapacidad de hecho que ayudara al facultativo a adoptar la decisión pertinente en casa caso.

Tras ser aprobada el pasado mes de marzo en el Congreso, el 25 de junio entraba en vigor en España la ley de eutanasia, una información que recogíamos en Prensa Social.

La norma legaliza, por primera vez, la eutanasia activa en España, aquella que es consecuencia directa de la acción de una tercera persona. Se convierte así en el séptimo país del mundo en hacerlo, después de Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia (por medio del Tribunal Constitucional), Nueva Zelanda, y algunos estados de Australia.

De otro lado, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) daba el visto bueno al protocolo para la valoración de la incapacidad de hecho que se recoge en la Ley de Eutanasia.

A partir de un mecanismo de entrevistas con el paciente se regirá el procedimiento que deben seguir los médicos en situaciones en las que el afectado no se encuentre en uso de sus facultades y no pueda realizar las solicitudes necesarias.

¿Qué es la incapacidad de hecho?

La Ley Orgánica 3/2021 define la incapacidad de hecho como la «situación en la que el paciente carece de entendimiento y voluntad suficientes para regirse de forma autónoma, plena y efectiva por sí mismo, con independencia de que existan o se hayan adoptado medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica».

El texto establece en su artículo cinco los requisitos para recibir la prestación de ayuda para morir, que son varios. Sin embargo, en el punto dos del artículo, señala que algunos de estos supuestos «no serán de aplicación» en los casos en los que la figura del médico responsable certifique que el paciente no está en pleno uso de sus facultades. Es en estas situaciones donde cobra fuerza el certificado de incapacidad de hecho.

Valoración de la situación de incapacidad de hecho

La ley de eutanasia introduce la prestación de ayuda para morir, pero para tener acceso a ello el paciente deberá seguir un protocolo de incapacidad de hecho.
Cuidadora y persona mayor. Foto:©Pixabay

El texto legislativo establece que la valoración de la situación de incapacidad de hecho por parte del médico responsable se hará «conforme a los protocolos de actuación que se determinen por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud».

En la práctica médica, es habitual que el personal facultativo tome decisiones diagnósticas sobre la capacidad de los pacientes, especialmente cuando deben tomar decisiones sobre su cuerpo y su salud, mediante el proceso de consentimiento informado.

La valoración de la capacidad de hecho es una función que la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica (LAP) atribuye al médico que trata al paciente

En el supuesto de la prestación de la ayuda para morir, la valoración de la situación de incapacidad de hecho corresponde al médico responsable, quien coordina toda la información y la asistencia sanitaria del paciente.

La entrevista clínica

En la mayoría de ocasiones, el profesional confirma el ejercicio del consentimiento informado a través del diálogo durante el proceso deliberativo, sin que se utilicen instrumentos específicos para la valoración de la capacidad.

En particular, el facultativo responsable debe asegurarse de que el paciente cuenta con la información completa sobre su situación clínica, su pronóstico y los cursos de acción posibles.

Herramientas de apoyo

Por un lado, el deterioro cognitivo puede afectar a aspectos claves en la toma de decisiones. Sin embargo, las herramientas cognitivas o escalas funcionales no permiten identificar alteraciones en la apreciación, por lo que no se recomiendan como herramientas para la valoración de la capacidad de la persona, al menos no de forma aislada.

En este sentido, cuando existan dudas sobre la capacidad del paciente tras la entrevista clínica, es recomendable utilizar los siguientes instrumentos de evaluación de la capacidad.

La ayuda para la Evaluación de la Capacidad o Aid to Capacity Evaluation (ACE). Se trata de una entrevista semiestructurada, de preguntas abiertas y cerradas. Y El MacCAT-T que es la MacArthur de Evaluación de la Capacidad para Tratamiento. En este caso las preguntas formuladas permiten obtener respuestas de una manera en la que se refleja más adecuadamente el grado de habilidad del paciente.

La figura del médico consultor

La valoración de la situación de incapacidad de hecho corresponde al médico responsable. No obstante, una vez realizada la evaluación, el especialista deberá consultar a un médico con formación en el ámbito de las patologías que padece el paciente, que no podrá pertenecer al mismo equipo del profesional responsable.
Este médico consultor, tras estudiar la historia clínica y, en su caso, examinar al paciente, deberá redactar un informe sobre la concurrencia o no de los requisitos establecidos en el artículo 5.2. de la LORE.

Ambos especialistas han de estar de acuerdo. Cuando haya discrepancia respecto a la incapacidad de hecho entre ambos, la decisión se elevará al pleno de la Comisión de Garantías y Evaluación.

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