La ley del derecho de defensa promoverá la accesibilidad y el lenguaje sencillo

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El proyecto de Ley Orgánica de Derecho de Defensa recoge el derecho de la ciudadanía a que la administración de justicia se dirija a ellos «en un lenguaje claro, sencillo, comprensible y universalmente accesible», y además se fija como un derecho la accesibilidad de las sedes judiciales para las personas con discapacidad.

La ley establece que las personas en situaciones de especial vulnerabilidad podrán disfrutar de la asistencia jurídica gratuita, que ya no se facilitará solo a quienes acrediten falta de recursos económicos, según explicó el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que dirige Félix Bolaños.

Se convierte en la primera ley en recoger el derecho de la ciudadanía a que la administración de justicia se dirija a ellos en un lenguaje claro, sencillo, comprensible y universalmente accesible, tanto en las notificaciones de actos, resoluciones y comunicaciones procesales como en cualquier información que precisen con relación a sus causas, estrategias procesales e intereses y derechos.

El texto aprobado en Consejo de Ministros da un claro impulso a todo lo que esla aplicación de la ética de los cuidados a la justicia. El objetivo del mismo es que todas las personas vulnerables se vean acompañadas en todo su proceso de relación con la administración de justicia. El texto se refiere específicamente a los profesionales de la abogacía con discapacidad, a quienes reconoce el derecho a utilizar la asistencia y los apoyos que sean necesarios para el efectivo desempeño de sus labores de asistencia.

«Esa ética del acompañamiento, esa ética de los cuidados es la que estamos trasladando a nuestra visión de la justicia para esta legislatura y ahí entra la Ley del Derecho de Defensa», ha apostillado el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo.

Por tanto ha destacado: «hasta ahora se había hablado del lenguaje sencillo, es decir el derecho del ciudadano a entender las resoluciones judiciales de todo tipo se había introducido en la carta de derechos del ciudadano, en muchos protocolos, pero en una ley y de la importancia que tiene esta ley, que es una ley orgánica porque desarrolla un derecho fundamental, esto es totalmente novedoso».

En este asunto, afirmó que se viene trabajando desde hace mucho tiempo y hay que seguir trabajando hasta la extenuación en todos los ámbitos, en la Escuela Judicial, en nuestro Centro de Estudios Jurídicos, en los planes de formación inicial y de formación continua, la propia abogacía.

«Todos tenemos que concienciarnos de que esto ya es un derecho, pero el hito es reconocerlo por primera vez como parte del derecho a tutela judicial efectiva, como desarrollo del artículo 24, con lo cual es un elemento más en el camino», agregó.

«Todo se enmarca en una política muy clara de que la digitalización está para reducir las brechas, no podemos crear una nueva brecha digital, entonces todo lo que estamos haciendo va dirigido a poner al ciudadano en el centro, a facilitarles la vida y su relación con la Administración de Justicia», remarcó.

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