Un estudio promovido por la Fundación Derecho y Discapacidad pone el foco en las plazas para profesionales con discapacidad en las universidades públicas.
El Estatuto Básico del Empleado Público vigente en España desde el año 2015 establece la obligación de reservar el siete por ciento de las plazas en las ofertas de empleo por parte de las administraciones públicas para docentes o investigadores en la universidad, hasta lograr que al menos el 2 por ciento de la plantilla sean personas con discapacidad.
Un estudio sobre las universidades públicas
Carmen Márquez Velázquez, doctora en Ciencias Sociales Aplicadas y miembro del equipo de trabajo de la Red PDI-Discapacidad de la Fundación Derecho y Discapacidad, ha sido la encargada de dirigir un estudio para comprobar si se está cumpliendo o no la legislación vigente en este aspecto en España.
Los resultados de esta iniciativa, que ha contado con la colaboración de la universidad Autónoma de Madrid (UAM), muestran una realidad muy preocupante: «Tres de cada cuatro universidades públicas en España nunca han reservado una plaza para docentes e investigadores con discapacidad».
«Existe un incumplimiento sistemático de la legislación vigente»
Carmen Márquez Velázquez, directora del estudio
Además, el estudio incide: «El conjunto de plazas para el personal docente e investigador (PDI) con discapacidad en toda la oferta de empleo público de las universidades españolas es del 0,6 por ciento y sólo dos de las universidades analizadas incorporaron un dos por ciento de reserva en los procesos de contratación temporal».
«Falta de interés institucional»
Los datos que ha publicado este estudio se han obtenido a partir de entrevistas a cuarenta profesionales del PDI o becarios con discapacidad de veintinueve universidades públicas y diez privadas, cuyos responsables de ordenación académica y de personal fueron también entrevistados.
«Esta falta de interés institucional y el débil apoyo procurado genera en estos profesionales un sentimiento de invisibilidad totalmente opuesto a la sensación de inclusión»
Investigadores del estudio
De hecho, es una situación que también sucede en las universidades privadas: «El personal docente e investigador con discapacidad sólo supone un 2 por ciento. Una cifra que demuestra un incumplimiento sistemático e impune de la normativa de protección de los derechos laborales del colectivo»
la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad contempla que las empresas privadas de más de 50 empleados han de reservar un dos por ciento de sus puestos de trabajo para personas con discapacidad
Además, el estudio apunta: «A todos estos datos hay que sumar el desconocimiento generalizado de la realidad y necesidades de estos profesionales por parte de sus propias universidades, pues la mitad de las instituciones analizadas manifestaron no disponer de información alguna sobre estos trabajadores».
Ayudas económicas
Otro de los puntos clave que revela este estudio es la falta de ayudas económicas por parte de las instituciones: «Las universidades denuncian el muy escaso apoyo institucional que estas personas reciben, tanto en lo material como en lo subjetivo, que depende además de cada universidad, al no existir regulaciones comunes».
«Más de las tres cuartas partes de estas instituciones no cuentan con reglamentos internos de regulación de medidas de apoyo al PDI con discapacidad, pese a las recomendaciones de la Conferencia de rectores CRUE-Universidades españolas»
Estudio sobre las universidades
«Cuando existen, estos se limitan a los ajustes razonables y a otras actuaciones materiales como la adquisición de productos de apoyo, la reserva de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida y, en el mejor de los casos, la compatibilidad del horario laboral con el desarrollo de tratamientos de carácter médico, psicológico o rehabilitador», puntualizan.
«La reducción de la carga docente en créditos u horas, que es la medida de trato diferenciado más demandada por el PDI con discapacidad, solo se consideró por siete universidades españolas, todas de titularidad pública»
Estudio sobre las universidades
Discriminación
Según explican los responsables universitarios, «la aplicación de este tipo de medidas es mal acogida por los compañeros de departamento y facultad, ya que las consideran como ‘privilegios individuales’ de las personas con discapacidad que no tienen cabida en la academia».
«la mitad de los entrevistados denunciaron acoso laboral y discriminación por parte de sus compañeros de departamento, y lamentaron que muchas veces son vistos como una carga por sus colegas más cercanos»
Estudio sobre las universidades
Además, el estudio señala: «Las universidades españolas mantienen una cultura institucional capacitista que genera en el PDI con discapacidad importantes situaciones de estrés que afectan a su salud física y mental y a la pérdida o reducción significativa de espacios y tiempos de su vida personal y familiar».
«La mitad de los participantes presentaban contratos temporales, lo que a su vez dificultaba la solicitud de adaptaciones»
Estudio sobre las universidades
«Esta inestabilidad laboral se ve agravada por la baja adaptación de los entornos y por la falta de recursos de apoyo. Tales situaciones de desigualdad estructural, unidas a otras derivadas de la propia discapacidad, relegan a estos miembros del PDI a una situación de desventaja en la promoción profesional continua», señalan.
Falta de accesibilidad
Por otro lado, el estudio también se centra en la accesibilidad de las universidades españolas. «Tras las entrevistas, podemos decir que las universidades españolas mantienen preocupantes barreras de acceso y comunicación que impiden la participación en igualdad de oportunidades del PDI con discapacidad», denuncian.
«Casi la totalidad de los participantes con discapacidad física o sensorial habló de la permanencia de barreras físicas que impiden su tránsito libre y autónomo en el interior de los campus universitarios»
Estudio sobre las universidades
Por último, este trabajo concluye: «Todavía existen muchos problemas de accesibilidad en los sitios web y en las aplicaciones para dispositivos móviles de las plataformas educativas. También hay una baja accesibilidad tecnológica en algunos de los procedimientos administrativos y de gestión que forman parte de las actividades diarias del PDI con discapacidad, como pueden ser las solicitudes de ayudas de investigación, permisos de desplazamiento o firma de actas de calificaciones académicas».
