La Ley 3/2021, de 29 de julio, de Servicios Sociales de la Región de Murcia que acaba de entrar en vigor, garantiza el derecho subjetivo de todas las personas para el acceso a las prestaciones sociales.
La vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco, ha querido ensalzar la importancia de la nueva norma «especialmente por el momento en el que vivimos, donde se requiere más que nunca respuestas a los problemas de las familias, personas, grupos y colectivos, algunos de ellos nuevos».
La «recién estrenada» ley y sus prestaciones
Según ha señalado la consejera, la nueva ley unifica el catálogo de prestaciones en los 45 municipios y reconoce el derecho subjetivo de los ciudadanos a acceder a cualquier prestación, a saber: la renta básica de inserción y las ayudas a víctimas de violencia de género, la atención temprana y a los servicios de autonomía y atención a la dependencia, entre otras.
La garantía que ofrece la nueva ley supondrá un cambio del sistema de atención de los Servicios Sociales de Atención Primaria. De hecho, este sistema se diseñará a partir de una estructura territorial basada en áreas, zonas básicas y unidades básicas.
Isabel Franco ha apuntado que la aprobación de esta ley es una iniciativa más que «se suma a otras ya puestas en marcha, con las que se avanzará en la planificación, calidad, eficiencia y sostenibilidad del sistema se servicios sociales».
Una ley que deberá adaptarse en los próximos cuatro años
Está previsto que se apruebe un Plan Estratégico «a largo plazo» de la nueva norma, que cuenta con cuatro años para su implementación completa, «a fin de dar un servicio de calidad que se adapte a los nuevos entornos y poder asumir de manera satisfactoria los retos que se puedan presentar en el futuro».
En concreto, el Plan Estratégico tendrá dos componentes: por un lado, servir como herramienta de planificación para concretar objetivos y acciones en un periodo determinado, y, por otro lado, convertirse en el elemento que ayude a alcanzar el bienestar de los que más lo necesitan.
Entre las novedades de la norma cabe mencionar que se fomentará la digitalización de los servicios sociales con la puesta en marcha de la Tarjeta Social y la Historia Social Única, y se favorecerá el programa individual de atención social, el sistema de información de Servicios Sociales y la tarjeta de información social, que permite un acceso universal a los servicios y prestaciones que se definen en la ley.
Para llevar a cabo estas actuaciones, la nueva ley establece la creación de un Consejo de Coordinación Territorial de Servicios Sociales, que permitirá el trabajo conjunto entre la Administración regional y las entidades locales.
