El Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad ha expresado su preocupación por la continuidad del modelo de Educación Especial en España y ha lamentado el apoyo concreto de grupos políticos a este sistema educativo.

Según los datos aportados, 41.521 alumnos con discapacidad estaban escolarizados en alguna modalidad de enseñanza segregadora en el curso 2022-2023. De estos, 27.926 se habían matriculado en centros de educación especial, mientras que 13.595 asistían a aulas específicas dentro de centros ordinarios.

El Comité reclama derogar todas aquellas leyes que permitan la vigencia del sistema de escolarización en centros especiales, por considerarlas contrarias a la Convención.

Asimismo critican que la Lomloe permita un doble sistema de enseñanza discriminatorio y que varias comunidades autónomas hayan promulgado leyes que respaldan los centros segregadores, como ocurre con la ley de libertad de elección educativa de la Comunidad de Madrid.

A su juicio, en España existe “gran diversidad de posiciones, opiniones y agendas políticas y sociales» acerca del alcance de la inclusión educativa. Criticó que, durante la tramitación de la Lomloe en el Congreso, “grupos parlamentarios que en 2023 formaban parte de más de la mitad de los Gobiernos autonómicos abogaban por la Educación Especial”.

Denunció también que en 2021, un grupo parlamentario interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la Lomloe alegando que la Educación Especial segregadora era un modelo educativo compatible con el artículo 27 de la Constitución Española”.

Además, rechazó que ciertas comunidades autónomas continúen adoptando leyes que perpetúen la Educación Especial segregadora, como la ley 1/2022 de la Comunidad de Madrid “.

El Comité valoró de forma positiva las medidas introducidas por la Lomloe en la transformación del sistema educativo, pero lamentó el mantenimiento del inciso primero del articulo 74 de la legislación hasta entonces vigente, que recoge que la escolarización del alumnado con discapacidad “en unidades o centros de Educación Especial, que podrá extenderse hasta los veintiún años, solo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios”.

Asimismo, mostró su preocupación porque “la legislación perpetúe la Educación Especial segregadora basándose en un enfoque biomédico, centrado en las necesidades del alumnado con discapacidad”.

En la misma línea, se opuso a que las comunidades autónomas “continúen prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos escolaricen a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada”, algo que, en su opinión, esto “perpetúa la segregación educativa”.

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