El Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad rechaza de lleno la continuidad del modelo de Educación Especial en España y lamentó el apoyo concreto de grupos políticos a este sistema.

El informe del Comité de expertos criticó la sentencia del Tribunal Constitucional 34/2023, de 18 de abril de 2023, que a su parecer considera “la inclusión educativa como un principio general del sistema educativo y no como un derecho de las personas con discapacidad”.

El grupo de expertos encargado de supervisar el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad criticó asimismo que la Lomloe “permita un doble sistema de enseñanza discriminatorio” y que varias comunidades autónomas hayan promulgado leyes que respaldan “los centros segregadores”, como ocurre con la ley de libertad de elección educativa de la Comunidad de Madrid.

Según los datos aportados, 41.521 alumnos con discapacidad estaban escolarizados en alguna modalidad de enseñanza segregadora en el curso 2022-2023. De estos, 27.926 se habían matriculado en centros de educación especial, mientras que 13.595 asistían a aulas específicas dentro de centros ordinarios.

El Comité reclama derogar todas aquellas leyes que permitan la vigencia del sistema de escolarización en centros especiales, por considerarlas contrarias a la Convención.

En España existe “gran diversidad de posiciones, opiniones y agendas políticas y sociales» acerca del alcance de la inclusión educativa.

El Comité valoró de forma positiva las medidas introducidas por la Lomloe en la transformación del sistema educativo, pero lamentó el mantenimiento del inciso primero del articulo 74 de la legislación hasta entonces vigente, que recoge que la escolarización del alumnado con discapacidad “en unidades o centros de Educación Especial, que podrá extenderse hasta los veintiún años, solo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios”.

«Esta segregación” afecta de forma especial a las personas con discapacidad que “requieren altos niveles de apoyo”, como aquellas con discapacidad intelectual y personas autista. De hecho, recordaron a España que, “para dar cumplimiento al artículo 4 de la Convención, los Estados parte deben adoptar todas las medidas pertinentes, incluidas las medidas legislativas, a fin de modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación de estos alumnos”.

Las leyes deben “incluir todas las adaptaciones curriculares individualizadas, adaptación de las evaluaciones y formación al personal docente y no docente que trabaja con personas con discapacidad en centros ordinarios”.

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