Actualmente hay 4,5 millones de personas mayores con más de 75 años que tienen dificultades para acceder a las competencias digitales, por lo que, para la PMP, “debe haber un periodo de transición importante para que estas personas no se queden fuera del sistema financiero”.
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), el movimiento más representativo a nivel estatal (con 15.079 asociaciones y más de 5.746.000 afiliados) para la defensa de los derechos de las personas mayores y pensionistas ante los poderes públicos, privados y el conjunto de la sociedad, ha pedido al Congreso que proteja «más eficazmente» a las personas mayores como consumidoras en situación de especial vulnerabilidad y ante un mayor riesgo de exclusión ante las entidades financieras.
Así lo hace constar en un documento de propuestas de modificación al proyecto de Ley por el que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes, actualmente en trámite parlamentario.
La PMP plantea mejoras a determinados aspectos de la norma dirigidas a garantizar la inclusión financiera de las personas mayores y con discapacidad mayores, mediante la concreción de medidas esenciales en las que ha de materializarse el principio de prestación personalizada. Igualmente, se plantean mejoras dirigidas a velar por el principio de proporcionalidad y equilibrio entre clientes y entidades financieras.
Asímismo también han enviado propuestas dirigidas a que la ley garantice el acceso los servicios financieros a las personas, en gran número mayores, que viven en poblaciones de menos de 5.000 habitantes y que carecen de dichos servicios, para que se supere su especial indefensión y desprotección.
Para la PMP, “es necesario poner a disposición de las personas consumidoras vulnerables medios de apoyo y asistencia individualizada para el acceso efectivo a la información vinculada a sus finanzas personales, con especial consideración a la edad o la discapacidad como elementos de riesgo de exclusión financiera”.
