Las resoluciones aprobadas recientemente por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, abordan la importancia de establecer sistema de cuidados que respeten plenamente los derechos humanos de las personas mayores y con discapacidad además de condenar el carácter persistente de todas las formas de violencia, edadismo, maltrato y abandono de las personas de edad.
El presidente de la PMP, Lázaro González, ha valorado muy positivamente ambas resoluciones del Consejo de Derechos Humanos, puesto que «coinciden plenamente con los planteamientos de la plataforma» en su trabajo por alcanzar el «imprescindible cambio del modelo de cuidados de larga duración, por un sistema donde los derechos, las preferencias y la dignidad de las personas sean respetados; avanzando en un modelo de atención verdaderamente integral y centrado en las personas, garantizando su autonomía en la toma de decisiones y el ejercicio pleno de sus derechos, brindando todos los apoyos necesarios para ello».
El Consejo de Derechos Humanos ha reconocido que las tareas de cuidados deben brindarse y recibirse respetando los derechos humanos de todas las personas involucradas en las mismas. Asimismo, afirma que es indispensable repartir de forma equitativa esas tareas, lo que requiere del respeto a la perspectiva de igualdad de género en su resolución A/HRC/RES/54/6.
La violencia hacia las personas mayores puede revestir muchas formas, desde la negligencia, el descuido o el abandono en el cuidado, hasta el abuso físico y psíquico.
La plataforma se ha sumado entre otras reclamaciones reflejadas en la resolución, a la petición de un incremento en la inversión en políticas e infraestructuras de cuidados y apoyo; el fomento de investigaciones que produzcan datos sobre la distribución del trabajo de cuidados; la participación plena en la toma de decisiones de quienes brindan y reciben cuidados; y la sensibilización acerca de los impactos negativos que tienen los estereotipos relacionados con el género, la discapacidad y la edad, tanto a la hora de prestar como de recibir cuidados y apoyo.
Dicha resolución ha exhortado a los Estados, entre otras cuestiones, a que garanticen el acceso a la justicia en igualdad de condiciones para todas las personas mayores que sean víctimas y supervivientes de violencia, maltrato y abandono y para quienes sufren cualquier forma de discriminación y violencia por motivos de edad, género, raza o discapacidad.
