La Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP), con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra mañana viernes, demanda que la ley sitúe la protección de este colectivo en un lugar prioritario.

La XLVI Jornada sobre prevención y sensibilización de los malos tratos y abusos a personas mayores, celebrada esta semana por la UDP, ha arrojado luz sobre un tema oscuro del que la administración pública parece no querer oír hablar demasiado.

Porque es de ley

De esta jornada de reflexión y diálogo se han extraído varias conclusiones muy significativas:

  • De un lado, la importancia de la perspectiva de género a la hora de diseñar los protocolos de actuación y prevención de los malos tratos y abusos a personas mayores. La UPD no se siente en la necesidad de explicar el razonamiento seguido para alcanzar esta conclusión, que más parece una premisa previa.
  • Por otra parte, la necesidad de implementar una Ley estatal que ponga la protección de las personas mayores en el centro, es decir, disponer de un marco jurídico que facilite su participación activa y autónoma en los procesos judiciales. Porque en nuestro país no existe una legislación específica que contemple las situaciones de maltrato y abuso hacia este colectivo.

A falta de una norma estatal, son las Comunidades Autónomas quienes deciden en cada caso el marco de protección.

«Muchas de las dificultades que nos encontramos para poder enfrentar estas situaciones [obedecen a] la ausencia de un protocolo claro de intervención. Incluso para todos aquellos profesionales concienciados en la lucha contra esta lacra», afirma Javier Álvarez Souto, presidente de la Asociación Provincial de Mayores y Pensionistas de Madrid (UDP Madrid).

Cabe señalar un dato preocupante: la crisis mundial por la COVID-19 ha aumentado los casos de abuso y abandono de personas mayores en todo el mundo.

«La falta de protección y la fuerte discriminación por edad ha causado muertes prevenibles y prematuras, y ha negado a los mayores el acceso a los derechos más básicos en igualdad de condiciones y dignidad», ha apuntado Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación Mujeres Progresistas y de la Plataforma de Acción Social (POAS). 

Si desean ver la jornada completa pueden hacerlo inscribiéndose en el Portal de las Jornadas UDP y accediendo a la misma en el siguiente enlace.

Necesitamos una mirada renovada

Tras 18 años de Jornadas, UDP considera fundamental tener en cuenta la perspectiva de género a la hora de desarrollar estrategias, leyes y políticas destinadas a la detección y prevención del maltrato a las personas mayores.

Ya no se trata sólo de ser mayor. Al edadismo se le suma otra «lacra», como es, siempre a juicio de la UDP, la de ser mujer.

La UDP con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores demanda que la ley sitúe la protección de este colectivo en un lugar prioritario.
Residencia de mayores. Foto: EUROPA PRESS©

En materia de violencia de género, Cristina Pérez, psicóloga de la Fundación Luz Casanova, asegura que las mujeres mayores «son las que menos denuncian esta situación de maltrato junto con el grupo de edad de adolescentes. Son las que menos solicitan ayuda y servicios de apoyo, ya sean psicosociales o a nivel de denuncia».

En este sentido, Besteiro ha recordado que «las mujeres viven más, cuidan más y son en mayor proporción cuidadas, dejándolas expuestas especialmente a abusos y violaciones de sus derechos fundamentales»

Convención de la ONU sobre los derechos de las personas mayores

En lo que respecta al edadismo y el marco de los derechos humanos y las iniciativas europeas, Borja Arrue Astrain, responsable de proyectos y políticas de AGE Platform Europe (atención de calidad a largo plazo y de la lucha contra el maltrato a las personas mayores) ha sido rotundo:

«Las políticas y la financiación inadecuadas de los cuidados a veces crean situaciones que podríamos llamar de abuso institucional o sistemático», ha aseverado Arrue.

En cuanto a las herramientas para poner fin al edadismo ha señalado la conveniencia de crear una nueva Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas mayores;«un instrumento que concretamente pueda ayudar a los países y estados a mejorar las políticas públicas y a crear conciencia sobre formas de discriminación específicas, en este caso, sobre el edadismo», según el experto en maltrato a personas mayores.

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