Ningún gobierno sea del color que sea se ha atrevido nunca a tocar las pensiones, afortunadamente, porque saben que son casi 10 millones de posibles votos (perdón, personas) las que cada mes reciben una merecida «recompensa» por los años trabajados y, por supuesto, cotizados a las arcas del Estado.
Pero sí es verdad que todos los gobiernos cuando llegan a la Moncloa se plantean cómo modificar un sistema que califican de «insostenible». Es un hecho real que el Estado cada mes desembolsa poco más de 10.000 millones de euros para pagar a los pensionistas; también es un hecho real que la mayor partida de los Presupuestos Generales del Estado se destina al pago de las pensiones; también es un hecho real que nuestro sistema de pensiones está en el punto de mira de la Comisión Europea. Y podríamos sacar algunos hechos reales más que mostrarán las dificultades que ofrece nuestro sistema de la Seguridad Social respecto a las pensiones.
El Estado tiene una alta deuda, que supera a nuestro PIB, y la Seguridad Social también tiene un déficit que lastra la economía española. Y nadie duda que se hace necesario modificar el sistema para que eliminemos deuda y se puedan aligerar algo las cuentas del Estado. No hay que olvidar que la deuda actual proviene de los últimos gobiernos que casi la han duplicado, sin preocuparles excesivamente (por su profundo desconocimiento) que deber tantísimo dinero es muy malo para gestionar un país, o una empresa, o simplemente una casa. Cuando yo en mi casa me gasto mucho más de lo que ingreso y año tras año me voy endeudando más, puede llegar un momento en el que mis acreedores me quiten todo lo que tengo.
Durante este año por el concepto de pensiones se van a destinar casi 164.000 millones de euros, eso representa casi el 40 por ciento del total de los Presupuestos del Estado en 2021.
Llegados a este punto, se cuestiona la viabilidad del sistema público de pensiones. Una variable importante es la de la esperanza de vida, que, afortunadamente, en los últimos 40 años ha aumentado más de un 20 por ciento en España, situándose en los 81 años para los hombres y en los 86 para las mujeres, según datos reciente del INE.
Pero la viabilidad no se plantea solo por el aumento en la esperanza de vida, sino que tiene otros aspectos más que son un problema para su continuidad, como son: acercar la edad de jubilación real a la legal; desvincular las pensiones de la inflación; y reducir la tasa de remplazo a tasa de sustitución pública, fomentando el ahorro privado. Estas son algunos de los aspectos más importantes que se ponen encima de la mesa a la hora de hablar sobre la viabilidad de las pensiones.
En este momento, el ministro Escrivá está tratando el tema con los interlocutores sociales y buscan soluciones que puedan servir para las próximas generaciones, basadas fundamentalmente en cómo organizar el ahorro para el futuro de los jubilados. Tiene distintas aristas, no es sencillo, pues hay que estudiar desde los aspectos fiscales hasta los puramente dinerarios, así como la realización del rescate. Todo ello, ocupará las horas del titular de Trabajo para los próximos meses.
