Las víctimas de accidentes de tráfico tributarán por las indemnizaciones

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El Gobierno propone que los accidentes de tráfico cuenten con la intervención de un «tercero neutral», amén de elevar el acuerdo a escritura pública.

Nueva polémica en el patio trasero del Gobierno. ¿La razón? Los accidentes de tráfico o más bien sus víctimas, un texto contemplado en el anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, aprobado por el Consejo de ministros el pasado 15 de diciembre de 2020.

Una reforma gubernamental que deja malparadas a las víctimas de accidentes de tráfico

Así, el debate en el patio del Gobierno ha saltado de nuevo y esta vez por la disposición final segunda del anteproyecto antes citado, el cual contempla entre sus líneas una modificación en la ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el abreviado y más comúnmente conocido como IRPF. En dicho texto se fija un supuesto económico, por el que las víctimas de accidentes de tráfico tendrían que tributar por la indemnización que perciban de las aseguradoras.

La medida ha puesto en pie de guerra a ANAVA-RC, la Asociación Nacional Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil, quien no ha vacilado en alertar sobre las consecuencias de la normativa que contempla esta modificación acerca de los accidentes de tráfico, haciéndolo a través de un comunicado recogido por el medio de comunicación Europa Press.

A juicio de la entidad, conformada por cierto por más de 200 despachos de abogados de víctimas de toda España, hecho que la convierte en la asociación con mayor representatividad a nivel nacional, al menos dentro de este sector de accidentes de tráfico y demás, el anteproyecto de ley no es más que otro camuflaje del Ejecutivo, una normativa que «esconde la medida puramente fiscal», y bajo la cual el Gobierno «pretende recaudar impuestos con las indemnizaciones de las víctimas de siniestros viales».

El ‘tercero neutral’, la nueva figura de los accidentes de tráfico

Firmado en su día por Juan Carlos Campo, el anterior ministro de Justicia, las líneas que han inspirado el texto de denuncia de la entidad se concentran en la modificación del artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Y propone asimismo una modificación parcial de tal reglamento, planteando el seguir manteniendo la exención de tributar las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales, por un lado, incluyendo cómo no las derivadas de contratos de seguro de accidentes.

Ahora bien; también pone sobre la mesa un nuevo matiz; señalando que en los casos en los que la indemnización sea resultado de un acuerdo amistoso entre las partes afectadas, se requerirá que haya intervenido «un tercero neutral y el acuerdo se haya elevado a escritura pública».

Razón por la que ANAVA-RC ha criticado que el Gobierno busque realizar la modificación «de forma escondida».

Se trata de un cambio propuesto que, en palabras de la asociación, «no tiene en cuenta que los perjudicados o víctimas en accidentes de circulación sufren unos perjuicios personales y patrimoniales en el momento en el que sufren un accidente de circulación por culpa de un tercero, y lo que pretende la indemnización es precisamente compensar esa disminución patrimonial con la restitución íntegra de los daños y perjuicios sufridos, dejando a la víctima en la misma posición que estaba antes de tener el accidente».

Una modificación que vulnera tanto a víctimas como a las aseguradoras

Tal y como han expresado desde la entidad, esta modificación no sólo es perjudicial para la víctima; y es que el cambio propuesto introduce además variaciones en el trámite de los acuerdos amistosos extrajudiciales, el mismo puente establecido entre las aseguradoras y los perjudicados. ¿Y por qué?

Porque «incrementarían los costes de los mismos, pues introduce la intervención de una figura denominada un ‘tercero neutral’, sin definición alguna de su función o cometido, y exige ‘escritura pública’ cuando el pago lo realiza una entidad aseguradora».

Es por ello por lo que el presidente de la Asociación Nacional Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil, Manuel Castellanos, ha puesto de relieve en los párrafos de la protesta que «las indemnizaciones nunca se han considerado como un incremento de patrimonio», al menos desde el punto de vista fiscal, «sino una compensación de las disminuciones sufridas a consecuencia del accidente».

La demanda de ANAVA-RC ha incluido asimismo la advertencia de que tributar las indemnizaciones conseguidas en los acuerdos amistosos «sólo contribuirían a generar «un desbocado aumento de litigios, pues los ciudadanos deberían esperar a la sentencia judicial para que su indemnización quede exenta de tributación, cargando más, si cabe, a la ya desbordada administración de Justicia».

¿Cuál ha sido la reacción de Justicia a esta propuesta por las consecuencias para las víctimas de los accidentes de tráfico?

Si bien no es definitivo, y el anteproyecto de ley continúa en proceso de tramitación, la asociación no se ha quedado con los brazos cruzados, y ya ha enviado un par de escritos de protesta tanto a Jacobo Fernández Álvarez, secretario general técnico del Ministerio de Justicia, como a Sergio Álvarez Camiña, director general de Seguros.

En sendos alegatos ANAVA-RC manifiesta abiertamente su «más radical oposición» a la normativa, demandando en el mismo escrito una reunión urgente con los representantes del Ministerio de Justicia; y pidiendo además la representación del resto de agrupaciones de víctimas de accidentes en la reunión, así como la participación de corporaciones nacionales de abogados de víctimas.

El Ministerio, por su parte, ha informado que está valorando distintas observaciones, a la vista del revuelo levantado por su anteproyecto; y de igual forma ha admitido que está abierto a estudiar modificaciones, buscando el máximo acuerdo ante las Cortes y un consenso con el resto de fuerzas políticas, a fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, incluyendo también con esta deferencia a los familiares de las víctimas de los accidentes de tráfico.

«Para nosotros es necesaria y obligada la reparación, y en eso estamos trabajando», han asegurado.

Entre tanto, el anteproyecto en cuestión se encuentra bajo análisis del Consejo de Estado, a la par que continúa dándose audiencia a todos aquellos sectores de la sociedad civil a los que afecta de algún modo la reforma.

El CEDDD admite su malestar ante este anteproyecto

Por su parte, el Consejo para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) no ha vacilado en sumar su voz a la sirena de alerta de la oleada de entidades que han manifestado su malestar con esta intención del Gobierno de gravar las indemnizaciones por accidentes de tráfico que sean resueltas tras un acuerdo amistoso.

¿Y por qué esta modificación afecta a CEDDD? Porque desde el punto de vista práctico, los accidentes de tráfico traen consigo una riada de indemnizaciones que, a la postre, buscan compensar en la mayoría de los casos la nueva situación de discapacidad o dependencia sobrevenida y derivada a raíz de ese accidente en cuestión. Es por ello por lo que la entidad se ha mostrado rotundamente en contra de este cambio agregado, manifestando al respecto:

«Los pagos recibidos por las víctimas no pueden ser consideradas como un incremento patrimonial, sino una compensación económica para que queden resarcidas tras los daños sufridos».

Hasta ahora, las víctimas de accidentes de tráfico nunca jamás han tributado en España por las indemnizaciones recibidas. Una condición que, de salir adelante el texto, implicaría que las víctimas deberán empezar a asumir sin embargo los gastos de contratar un arbitraje, por un lado, y de hacer escritura pública, exponiéndose así al pagamiento de los impuestos correspondientes.

Por todo ello, y en pro de los derechos de las personas con discapacidad y/o situación de dependencia, el CEDDD ha invitado también al Gobierno a recapacitar acerca de la modificación de este anteproyecto, pidiendo al Ministerio en cuestión del Ejecutivo que dé marcha atrás en esta modificación legislativa.

El consejo ha remachado su negación señalando que resulta inadmisible el gravar impositivamente, de la misma manera en que es inadmisible aumentar de forma excesiva los costes de un procedimiento que está dirigido a obtener una compensación legítima y vital para cualquier víctima de accidente, más aún para las personas que adquieren una situación de discapacidad y/o dependencia como consecuencia del incidente en cuestión.

Sostiene, asimismo, que la medida no parece tener más intención que el afán recaudatorio, por parte del Gobierno, hacia unos pagos que, hasta ahora, se han considerado exentos del incremento patrimonial.

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