El viernes, 3 de septiembre, entra en vigor la Ley 8/2021, de 2 de junio que deroga la incapacitación jurídica de las personas con discapacidad en el ejercicio jurídico.

La nueva norma propone un modelo de sustitución que acaba con la restricción de derechos, y establece uno nuevo orientado a los apoyos a las personas con discapacidad para la mejor toma de sus decisiones, tanto personales como patrimoniales.

Esta norma, que afectará a casi 4 millones de beneficiados, también se aplicará en casos de discapacidad sobrevenida, incluyendo los motivos de edad, algo que afecta a gran parte de la población.

La nueva ley evitará que este colectivo deban acudir a un juez cada vez , por ejemplo, para realizar una operación bancaria, comprar una vivienda o hacer testamento.

A partir del 3 de setiembre bastará con acudir a una notaría. Allí, con la ayuda de apoyo voluntario (familia, allegados) las personas con discapacidad recibirán la información necesaria para tomar sus propias decisiones que, quedarán acreditadas por el profesional de la notaría.

Este viernes entra en vigor la Ley por la que deroga la incapacitación jurídica de las personas con discapacidad en el ejercicio jurídico.
Mujer en silla de ruedas. Foto: ©Pixabay

Además, a partir del próximo viernes aquellos que tengan la capacidad modificada judicialmente, así como los progenitores que ostentan la patria potestad, los tutores, los curadores, los defensores judiciales y los apoderados preventivos podrán solicitar en cualquier momento la revisión de las sentencias.

Se trata de una reforma histórica y de las más amplias de las últimas décadas, puesto que elimina un modelo basado en la sustitución de la capacidad de decisión de las personas, y lo reemplaza por un modelo sustentado en el apoyo a la toma de decisiones y en el respeto en la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad.

Cataluña, las personas con discapacidad podrán solicitar un asistente de apoyo en los juicios

Por su parte, el Ejecutivo catalán ha aprobado un decreto ley que permite que las personas con discapacidad puedan solicitar a un juez o por vía notarial que nombre a un asistente para realizar actos jurídicos.

La portavoz del Govern, Patricia Plaja, ha indicado que el papel del asistente sustituye la tutela o curatela, que la legislación civil ha utilizado «tradicionalmente para resolver situaciones como estas».

De este modo, el teto legal adapta la figura de la asistencia a los derechos de las personas con discapacidad que recoge la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en Nueva York en 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Desde el Govern han subrayado que con la aprobación de este decreto ley Catalunya «se convierte en uno de los países con la legislación mejor adaptada y avanzada» respecto a la Convención de las Naciones Unidas.

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