Para el CERMI, la nueva Ley de Vivienda promulgada por el Gobierno debe garantizar esa accesibilidad asegurada en la reforma del régimen de propiedad horizontal.
Mientras la primera Ley de Vivienda de España siembra polémica en el mercado, y levanta el descontento de propietarios e inquilinos desde el pasado 26 de octubre, durante su puesta en escena pública, las llamadas sociales de CERMI se alzan sonoras, ineludibles, enfocadas en el parque de vivienda social que trae consigo la normativa.
Ley de Vivienda: una ayuda social a brindar con igualdad e inclusión
Velar por la accesibilidad de las personas con discapacidad en España es una prioridad para el Comité de Representantes de personas con Discapacidad (CERMI), quienes han lanzado hoy mismo y mediante un comunicado de nota de prensa una reclama al Gobierno, sobre la nueva Ley de Vivienda que el Ejecutivo tiene en programación, demandando que la normativa contemple en su texto e incorpore a su ejecución la reforma del régimen de propiedad horizontal.
El manifiesto sellado con la firma de la plataforma de la discapacidad, y dirigido a David Lucas, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, lo expresa así y con meridiana claridad: que la nueva Ley de Vivienda del Gobierno, Anteproyecto de Ley Estatal que versa acerca del Derecho a la Vivienda, incorpore entre sus líneas la reforma del régimen de propiedad horizontal, a fin de avalar la accesibilidad de las personas con discapacidad o de las personas mayores de 70 años.
El escrito recién emitido por parte de la entidad de CERMI explica las propuestas y observaciones a dicha Ley de Vivienda gubernamental, subrayando la importancia de no permitir que las necesidades de accesibilidad del colectivo de mayores y de la discapacidad pasen a ser meros derechos desamparados en los estatutos de la normativa.
Las novedades que CERMI reclama a la primeriza Ley de Vivienda
Por ello, el movimiento CERMI ha basado su exigencia al Gobierno en el hecho reiterado de que la Ley de Propiedad Horizontal requiere de una reforma, urgentemente. ¿Y qué vendría a defender dicho reajuste normativo?
Una legislación que ascienda a la categoría de decreto el hecho de que la comunidad de propietarios donde residan personas con discapacidad y/o mayores de 70 años, se haga cargo de las obras, por un lado, y de las actuaciones de accesibilidad, por otra parte.
Esta intención de obligatoriedad responde al interrogante del porqué el CERMI ha reaccionado con exigencias de inclusión a la nueva Ley de Vivienda del Gobierno, reclamando en su expresión de alegato el derecho a una vivienda digna y adecuada para las personas con discapacidad; algo que, en este sentido, implica pasar «ineludiblemente por una vivienda accesible», en palabras escritas de la entidad.
«Se debe aprovechar sin más dilaciones la nueva Ley por el derecho a la vivienda», a ojos de la plataforma de las personas con discapacidad en España, y entenderlo «como vehículo legal más apropiado».
CERMI tampoco ha vacilado en plasmar otro inciso en su escrito, recordando además que la actual ausencia de accesibilidad que presentan varios de los edificios de esas viviendas erigidas bajo la Ley de Propiedad Horizontal es, en sus textuales palabras, un «mal crónico».
¿Y qué implica esto último? Para el movimiento CERMI, se trata de viviendas que mantienen «recluidas, prisioneras, a más de 100.00 personas con discapacidad y personas mayores en sus propios hogares, sin posibilidad de salir y entrar a su vivienda con normalidad, como lo haría cualquier otra persona».
Como remache a su reclamo, la entidad ha solicitado que esta nueva Ley de Vivienda venga respaldada y acompañada por «potentes líneas de ayudas públicas». ¿Con qué fin? «Para que las comunidades de propietarios con menos recursos acometan estas obras».
