Carmen Alemany Panadero para Prensa Social
Las personas con discapacidad son un colectivo muy numeroso y heterogéneo. Ningún ser humano es igual a otro y todos tenemos áreas de actividad en las que somos muy capaces y otras áreas en las que no lo somos tanto.
Las personas con discapacidad, como cualquier otro ser humano, tienen numerosas capacidades, que en muchas ocasiones no son percibidas, valoradas ni aprovechadas por la sociedad ni por el mercado laboral, debido a estereotipos y prejuicios que perviven en la mente de muchas personas.
Las personas con diversidad funcional continúan teniendo una tasa de inserción laboral inferior a la media de la población. Según datos del INE de 2021, solo el 34,6 de las personas con discapacidad en edad laboral estaban trabajando. Esta tasa de actividad es un 43,1% inferior a la de la población sin discapacidad. La tasa de desempleo para el colectivo supera en 7,8 puntos a la de la población general.
A pesar de los avances jurídicos y sociales en la inclusión social de las personas con algún tipo de discapacidad, aún queda mucho camino por recorrer para alcanzar la plena igualdad de oportunidades. Las personas con discapacidad aún encuentran limitado su derecho de acceso al empleo, a una educación inclusiva, a unas infraestructuras y espacios públicos accesibles, al ocio inclusivo y a la participación plena en la comunidad. Esto se debe a diversas causas: la planificación de entornos urbanos no accesibles, el diseño de bienes y servicios con barreras físicas, psíquicas o sensoriales así como un factor de gran importancia: la mentalidad, los prejuicios y los estereotipos que aún perviven en gran parte de la sociedad.
Falta de recursos (y de voluntad de cambio) en los centros educativos
Nuestra sociedad actual aún dista mucho de ser plenamente inclusiva. En el ámbito educativo nos encontramos con las primeras barreras para los niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales (NEE) debidas a discapacidad. La ONU ha reprochado a España en numerosas ocasiones la vulneración de los derechos de los niños con discapacidad en el ámbito educativo.
Así lo recoge un informe que indica que en España «se ha perpetuado un patrón estructural de exclusión y segregación educativa discriminatorio, basado en la discapacidad, a través de un modelo médico que afecta desproporcionalmente, y en especial a las personas con discapacidad intelectual o psicosocial y a las personas con discapacidad múltiple«. Estas acciones constituyen una violación del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España ha firmado y ratificado.
Las asociaciones de padres y madres de alumnado con NEE han denunciado en repetidas ocasiones las malas prácticas del sistema educativo: las familias no pueden elegir la modalidad educativa para su hijo/a (ordinaria o especial), en caso de acudir a un Centro de Educación Especial se les asigna un centro muy lejano a su domicilio y se les desarraiga de su entorno comunitario inmediato (barrio, amigos del colegio anterior, vecinos).
En otros casos, el alumno/a está escolarizado en modalidad ordinaria pero no cuenta con un plan de estudios adaptado, pasando las horas sentado en una mesa al fondo de la clase coloreando o pegando papeles «para que no moleste». Con esta práctica se vulnera de modo flagrante el derecho a la educación del menor (que tiene derecho a que le enseñen, igual que los demás, y no solo a estar físicamente sentado en el aula).
Numerosas familias han denunciado las prácticas de muchos centros educativos, que alegan no tener recursos para atender al alumno/a, impidiendo el uso de servicios básicos como el comedor o vetándoles de las excursiones fuera del centro. En muchos casos, se termina sugiriendo a las familias el traslado de centro, alegando que será mejor para su hijo/a.
Desde los centros educativos se denuncia la ratio de alumnos excesiva, la falta de recursos materiales y técnicos y la falta de apoyo de la Administración para la atención al alumnado con NEE. Sin embargo, hay que destacar que existen centros educativos públicos, con los mismos o similares recursos y ratios, que sí atienden de forma adecuada a este alumnado, por lo que parece no ser exclusivamente un problema de falta de recursos.
Los prejuicios y estereotipos de una sociedad excluyente
La escuela está inmersa en una sociedad, y en muchos casos, los problemas que observamos en la escuela son problemas sociales que se contagian a la escuela.
Muchos alumnos/as con discapacidad han sufrido en sus propias carnes el rechazo frontal de sus iguales y de las familias de sus compañeros. En este sentido, podemos recordar las «huelgas» que han realizado algunas familias contra los alumnos/as con NEE, dejando de llevar a sus hijos a clase para conseguir el traslado de centro de un compañero con discapacidad. No podemos olvidar el caso de Gloria, la niña con autismo de Rincón de la Victoria (Málaga), que sufrió una huelga de este tipo por parte de las familias de sus compañeros.
O el caso de Inés, la niña con discapacidad intelectual que fue expulsada de un campamento de verano en Salamanca porque las madres de sus compañeras se quejaron a la organización “nuestros hijos ya tienen que convivir todo el año con niños de integración, en verano se merecen disfrutar del campamento sin tener que estar con estos niños” y «mi hija no tiene que cuidar de una discapacitada».
Todos estos casos ponen los pelos de punta por su crueldad y falta de empatía, y nos permiten valorar el tipo de sociedad excluyente en la que nos encontramos. Mientras los ciudadanos, los padres y madres, las familias, los docentes, todos nosotros, no entendamos que estamos hablando de seres humanos completos, con sentimientos y necesidades, no será posible la inclusión real.
La jungla del mercado laboral
El terreno laboral también es un campo abonado para la discriminación. Las tasas de inserción laboral de las personas con discapacidad son significativamente más reducidas que las de la población general. Los informes de la Fundación ONCE revelan que el 90% de las personas con diversidad funcional encuentran barreras a la hora de acceder a un empleo.
Una imagen mental basada en estereotipos condiciona la decisión del empresario a la hora de contratar. También la competencia con candidatos sin discapacidad o los problemas de movilidad en el entorno urbano y en el centro de trabajo. Al verse excluidos del sistema educativo ordinario, la falta de titulación en determinadas etapas educativas (obligatorias o post obligatorias) y la dificultad para acceder a estudios de formación profesional constituyen otra barrera para su inserción laboral.
La inclusión beneficia a toda la sociedad
La inclusión laboral de las personas con discapacidad tiene múltiples ventajas, no solamente para los propios interesados, sino también para la sociedad en su conjunto. Entre las ventajas que podemos enumerar, se encuentran la disminución de la tasa de desempleo de este grupo de población, lo que implica menos gasto público en prestaciones o subsidios de desempleo y en ayudas de servicios sociales.
Una persona activa es una persona que cotiza y que paga impuestos vía IRPF y que no requiere ayudas sociales al contar con un salario, por lo que aumentan los ingresos para el Estado y disminuyen los gastos. La inclusión de todas las personas, sin excepción, constituye un beneficio para toda la ciudadanía. Estas ventajas se recogen en un informe del CERMI , que señala los beneficios de las políticas de inclusión para el conjunto de la sociedad.
La labor de las organizaciones para la inclusión
Existen numerosas entidades, con y sin ánimo de lucro, que trabajan para la inserción laboral y social de las personas con discapacidad. Organizaciones como el Grupo Integra, Envera, la Fundación Adecco o la Fundación ONCE realizan actuaciones de intermediación laboral, orientación a empresas sobre los incentivos para la contratación de personas con discapacidad y asesoramiento en materia de Responsabilidad Social Corporativa. En la Comunidad de Madrid existe la llamada Redempleo, una red de organizaciones para promover la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
El Gobierno y la Administración también tienen un papel en la inclusión laboral y social de las personas con discapacidad. Las políticas públicas son claves para promover la contratación de este grupo de población. La Ley de Empleo y la Ley General de Derechos para las Personas con Discapacidad recogen una serie de medidas de acción positiva, como las políticas activas de empleo, los incentivos para la contratación de personas con discapacidad, ayudas económicas para las personas que no han logrado aún su inserción laboral, y el derecho a ajustes razonables en los puestos de trabajo, entre otras medidas. También se promueven ayudas para las organizaciones sin ánimo de lucro que contratan a personas con discapacidad.
Motivos para la esperanza
Aún queda mucho camino por recorrer para lograr la plena inclusión y para que el término “inclusión” deje de utilizarse porque no se conciba otra situación diferente que no sea la de la inclusión total. Pero en los últimos años se observa una luz de esperanza. La tasa de desempleo de 2014 que reflejaba el INE para las personas con discapacidad era de un 32,7% y en 2021 es de un 22,5%. Una diferencia de más de diez puntos porcentuales.
La sociedad avanza despacio, pero los avances son imparables. Esperemos que dentro de unos años, la accesibilidad universal en todos los ámbitos sea una realidad.
