Mi lectura de la memoria democrática

0

La Ley de Memoria Democrática da por hecho el «secuestro masivo de recién nacidos bajo una política de inspiración eugenésica». A este paso, los libros escolares acabarán enseñando que José Calvo Sotelo murió de pulmonía, o que fueron las altas temperaturas las que provocaron durante la Segunda República terribles incendios en iglesias y conventos

Joaquín Leguina en la Tercera de ABC, jueves 14 de julio de 2022.

«Recordar es cosa de cada uno y la verdad es cosa de todos» (Andrés Trapiello).

Respecto a la así llamada memoria democrática he tenido siempre una opinión negativa desde que el Gobierno de Zapatero puso en marcha la Ley de Memoria Histórica (52/2007). Esa ley no resolvió el problema de las familias que exigían su duelo sacando a sus muertos de las cunetas, pero sí se aprovechó para poner en solfa la Transición y a sus protagonistas, que, según los antifranquistas sobrevenidos, no habían sido capaces de pasarle la cuenta a la dictadura por sus fechorías (la carga principal se llevó a cabo contra la Ley de Amnistía de 17 de octubre de 1977).

La idea de la memoria histórica fue importada de Francia por los intelectuales ‘de solapa de libro’, que son legión en nuestros lares. Pero la memoria histórica no es una idea fácil de articular, y provoca, además, una muy difícil digestión social. Ya se vio en Francia cuando la grandeur revisitada por Sarkozy quiso honrar «los lugares de la memoria»… y no hubo forma de ponerse de acuerdo a la hora de señalar sobre el mapa de Francia tan relevantes lugares. Como ha escrito Ignacio Sánchez Cámara, «no se puede legislar sobre la memoria y los recuerdos, sobre qué recordar y cómo hacerlo. Cada cual recuerda como puede y como quiere. No se puede imponer la memoria ni el olvido». También «es absurdo imponer una interpretación determinada de la teoría de la relatividad, o su condición de verdadera o falsa. Nada de eso incumbe al legislador. Los actos de voluntad no son asunto del Derecho, salvo si se plasman en acciones. Si alguien empuja a un vecino escaleras abajo, comete un delito, pero si se limita a desear que se caiga, su deseo es irrelevante jurídicamente».

Lo escribió en su día el historiador Santos Juliá: «Memoria externa, social, histórica, es el relato de acontecimientos históricos que ciertos miembros del grupo elaboran o producen en el presente sobre una selección de materiales del pasado». El texto de la ley de Zapatero se centró en dos elementos: las fosas donde se había enterrado clandestinamente a una parte de los asesinados bajo el franquismo y la eliminación de los símbolos públicos de la dictadura.

Ese impulso legislativo sirvió para reabrir heridas y para mirar hacia el pasado, un deporte nacional que alimenta el sectarismo y el odio. El escritor Antonio Muñoz Molina lo vio así: «En un país casi siempre amnésico los fragmentos del ayer lejano regresaban como armas arrojadizas. El asesinato de García Lorca o el de Pedro Muñoz Seca, la matanza de Paracuellos o la de Guernica, la sublevación derechista de 1936 o la izquierdista de 1934. Agrias disputas políticas se organizaban en torno a la corrección legal de hechos irreversibles sucedidos en el pasado lejano». Pues bien, ahora la anunciada Ley de Memoria Democrática enviada a las Cortes el 30 de agosto de 2021 no hace sino insistir en aquellos dislates.

La exposición de motivos de esta nueva ley es larga y confusa: […] «la principal responsabilidad del Estado en el desarrollo de políticas de memoria democrática es fomentar su vertiente reparadora, inclusiva y plural». Luego se dedica a elogiar la Constitución: «El asentamiento de los principios y valores democráticos que consagra la Constitución de 1978 hace nuestra sociedad más fuerte y constituyen la más clara apuesta de convivencia en el futuro». El texto de la exposición de motivos bien podría atribuírsele a Baltasar Garzón, aquel juez que se saltó las leyes cuantas veces quiso y que siempre echa mano de normas universales para intentar hacer lo que le viene en gana.

Más madera de la citada exposición de motivos: «La construcción de una memoria común no es un proyecto nuevo en la sociedad española. El régimen franquista impuso desde sus inicios una poderosa política de memoria que excluía, criminalizaba, estigmatizaba e invisibilizaba radicalmente a las víctimas vencidas tras el triunfo del golpe militar contra la República legalmente constituida».

Pues bien, ahora se quiere hacer lo mismo que hizo Franco, pero al revés. Así, el texto considera víctimas a «comunidades, lenguas y culturas». También mete dentro de la «verdad histórica» uno de los bulos garzonianos, el de los bebés robados durante el franquismo. Sobre este asunto, la periodista Maite Rico ha escrito lo siguiente: «Se empezó hablando de 30.000 casos de niños robados y ahora vamos por 300.000. Al calor de la causa y las subvenciones han brotado asociaciones, observatorios, oficinas de atención a las víctimas, libros, documentales y telenovelas. Vamos a los resultados concretos. Casos denunciados e investigados: 2.139. Casos constatados: 0».

A pesar de eso, la Ley de Memoria Democrática da por hecho el «secuestro masivo de recién nacidos bajo una política de inspiración eugenésica». A este paso, los libros escolares acabarán enseñando que José Calvo Sotelo murió de pulmonía, o que fueron las altas temperaturas las que provocaron durante la Segunda República terribles incendios en iglesias y conventos. Para los redactores del proyecto de ley, ni existieron los asesinados en Paracuellos ni hubo checas en Madrid y Barcelona. Al parecer, en la retaguardia republicana sólo existía resistencia frente al franquismo y siempre bajo el imperio de la ley. Pues no. Fueron pasados por las armas sin juicios previos miles de curas y de monjas, amén de gente cuyo único delito era ser católico o, simplemente, de derechas. La ley se olvida de los miles de asesinados en la retaguardia republicana durante nuestra terrible guerra civil. Lo que ocurrió en ambas retaguardias fue un horror para echar al olvido y para expresar un deseo: nunca más.

Para acabar de amolar el asunto y con el fin de sacar adelante esta ley, Sánchez ha buscado el apoyo de los proetarras. Bildu lo ha dejado claro: «Vamos a poner en jaque el relato de una Transición ejemplar» (Mertxe Aizpurua, portavoz parlamentaria de Bildu y antes periodista al servicio de ETA). Y yo me pregunto: ETA, mientras asesinaba, secuestraba y perseguía a miles de españoles ¿era también antifranquista?

abc.es/opinion/lectura-memoria-democratica-20220714193101-nt.html

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí