Los abogados se movilizan contra las pensiones privadas que les van a dejar sin una digna tras décadas de trabajo y de haber aportado su grano de arena a la entidad privada, la Mutualidad de la Abogacía. Años de esfuerzo y una aportación que les va a dejar por debajo del nivel de las pensiones no contributivas, algo más de 300 euros.
Nos remontamos a 1995 cuando la ley obligó a los trabajadores por cuenta propia a integrarse en el RETA (régimen especial de trabajadores autónomos) pero aquellos que pertenecían a otros colectivos con colegiación obligatoria y estaban adscritos a mutualidades podrían valorar si mantenerse en el mismo o seguir en el sistema público.
La Mutualidad de la Abogacía tras una década se transformó en una aseguradora y funciona actualmente con un sistema de capitalización colectiva en el que los abogados mutualistas activos pagan a los pasivos y pasan a tener una hucha individual, no colectiva.
Por otro lado, la entidad se ha defendido al respecto y ha apostillado que dado que los abogados tienen históricamente aportaciones bajas, no pueden recibir más. Los afectados de la mutualidad solicitan a la Seguridad Social acceder a través de una aportación global de sus ahorros de manera que puedan acceder a mejores prestaciones; una posibilidad que está lejos de poder resolverse.
El Ministerio que dirige Escrivá asegura que de poder solventarse se debería tratar desde el marco del Pacto de Toledo, comisión parlamentaria que trabaja por las pensiones. Hablamos de 65.000 mutualistas que hoy se encuentran con una cuota irrisoria si hablamos de jubilaciones y de pensiones dentro de una década.