Las mujeres con discapacidad sufrieron durante mucho tiempo esterilizaciones forzadas e España; ahora reclaman una investigación y conocer los datos reales.
Las esterilizaciones forzadas y aplicadas a mujeres y niñas con discapacidad casi parecen ser un tema tabú en España, o al menos los datos reales que rodearon esta práctica de años y años hasta la entrada en escena, en diciembre de 2021, de la reforma del Código Penal del país, con su consiguiente prohibición.
Mujeres con discapacidad: una visibilidad justa para un reclamo justo
Fueron bastantes los años en los que a las niñas o mujeres con discapacidad que estuvieran embarazadas se las forzaba a abortar, una época negra de pérdida maternal que escribió un turbio capítulo de España.
Ahora, Concha Díaz, vicepresidenta de Cermi o Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, ha hablado de ese fenómeno y ha hecho un reclamo en nombre de todas esas madres obligadas a decir adiós a sus bebés por el simple hecho de tener discapacidad.
La titular de Cermi llegó incluso a afirmar, el pasado jueves 2 de diciembre, que «no existen datos fiables sobre cuántas mujeres y niñas con discapacidad fueron esterilizadas en España», refiriéndose obviamente al periodo previo a la prohibición de esta práctica que llegó de la mano de la reforma del Código Penal en diciembre del año pasado; una ausencia de datos concretos que le empujaron a reclamar también una profunda investigación.
El reclamo fue emitido públicamente por la entidad durante un debate con diferentes activistas y mujeres con discapacidad, en el que participó la propia Díaz junto a la asistencia de la ministra de Derechos Sociales Ione Belarra, y la titular del Gobierno sobre Igualdad, Irene Montero.
El evento contó asimismo con la participación e intervención de la presidenta del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Rosemary Kayess; con la activista con discapacidad del desarrollo, Cristina Paradero, víctima y Premio Nacional de la Juventud 2021; con Ana Peláez, vicepresidenta del Comité contra todas las formas de discriminación de la Mujer de Naciones Unidas; y con Loli Minaño, con problemas de salud mental, víctima e integrante de la Red de Mujeres de Salud Mental.
A juicio de Díaz, es preciso ahondar en ese suceso histórico hasta descubrir el número exacto de personas afectadas, a la vista de que «no tenemos datos» al respecto, abundando asimismo que «las violencias que sufren las personas con discapacidad están muy invisibilizadas»; de esta ignorancia deja aún más patente que las mujeres con discapacidad necesitan «más datos desagregados para conocer su impacto por género, edad, etc.»
Porque ya es hora de conocer todas las cicatrices padecidas por la discapacidad
Una idea respaldada por Ana Peláez, quien no vaciló en señalar que «más allá de la reforma del Código Penal, hay muchas otras maneras de promover las esterilizaciones forzadas de mujeres y niñas con discapacidad. Desde los centros de secundaria que insinúan a las familias que “no se pueden hacer cargo de la higiene menstrual de las chicas,», por no hablar de las residencias, donde «de distintas maneras, más o menos indirectas, exigen la esterilización para aceptar a las personas».
De igual forma, Peláez apuntó que dicha esterilización suele producirse como consecuencia de un episodio de violencia sexual, el cual «muchas veces se da en el ámbito más cercano de la víctima», con la familia, la asociación a la que acude o la institución donde vive como los agentes más frecuentes que suelen realizar este abuso. De ahí deriva la importancia de que las autoridades investiguen «mucho más», hasta «promover un auténtico cambio de mentalidad».
Es por ello por lo que las dos, Díaz y Peláez, defendieron “formar a las mujeres y niñas con discapacidad para que, por un lado, tome consecuencias «de sus derechos» y, por otra parte, sepan identificar estas prácticas nocivas cuando se produzcan.
Las niñas y las mujeres con discapacidad obligadas a pasar por una esterilización forzada «tienen derecho al reconocimiento, la reparación y la compensación», en palabras de Peláez, siendo este acto, por tanto, «un primer paso necesario, pero no suficiente», primando por ende la necesidad de «seguir trabajando», tal y como declaró.
Cristina Paradero, por su parte, reclamó al Gobierno su obligación de escuchar a las asociaciones de personas con discapacidad, especialmente a aquellas organizaciones del sexo femenino. ¿Para qué? Para «tenernos en cuenta» y, así, conseguir que la presencia de mujeres con discapacidad en la toma de decisiones «sea algo normal».
Por último, las cinco participantes del debate pusieron énfasis en el «dolor» que tal práctica causó y sigue causando en las mujeres que la sufrieron, por lo que felicitaron el paso dado por España con su prohibición.
