Con la entrada en vigor de la Ley del empleo los beneficiarios de una pensión por incapacidad permanente tendrán nuevos derechos en el año en curso.

La pensión por incapacidad permanente es una ayuda que permite que la persona que no pueda trabajar por una enfermedad o un accidente que curse con discapacidad tenga ingresos.

Entre los requisitos se encuentran los siguientes puntos:

No haber alcanzado la edad de jubilación.

Estar dado de alta en la Seguridad Social.

Haber tenido al menos quince años de cotización.

Si debido a la contingencia de invalidez sea por enfermedad o por accidente laboral no será necesario cumplir con los años mínimos de cotización.

En cualquiera de estos supuestos el beneficiario tendrá que haber pasado por un tribunal médico que será el que determine si tiene o no derecho a cobrar una pensión.

Con la nueva ley de empleo los derechos para las personas que reciban una de estas personas es la asimilación legal de al menos un 33% de discapacidad a todo aquel que cobre una pensión por incapacidad permanente.

En el caso de las personas con autismo se les reconocerá igualmente un grado de discapacidad. Por otro lado la ley obliga a los servicios de empleo a contratar personal especializado para atender a las personas con discapacidad, algo que no se tenía en cuenta hasta ahora y que podría general desigualdades.

En los servicios se incluirán herramientas digitales de formación para facilitar el acceso al empleo de las personas con discapacidad que busquen trabajo. Se fomentarán las políticas activas de empleo centradas en las personas con discapacidad con las ayudas que se den a las comunidades autónomas.

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