Es un hecho. La variante Ómicron ya cuenta con 11 casos positivos en el país, según Sanidad, dos de ellos no vinculados a viajes internacionales.
Mientras la tasa de incidencia de la covid-19 completa el nivel 3 de alarma, y los ingresos en UCI hacen una cuenta atrás para meterse de lleno en la zona roja, España encamina de nuevo sus pasos hacia el riesgo alto de contagios, según los datos notificados esta madrugada por la estadística sanitaria. Y, entre medias, la variante Ómicron aumenta su presencia en territorio nacional, discreta, pero imparablemente.
Una sexta ola que se inicia salpicada de la influencia Ómicron
Fue el pasado 29 de noviembre cuando España se incorporaba a la lista de países con la variante Ómicron entre sus fronteras, achacándoselo a un viajero procedente de Sudáfrica. Ahora, a través de secuenciación, el Ministerio de Sanidad ha confirmado recientemente que, a fecha del 7 de diciembre, ya hay 11 casos de la nueva variante Ómicron en el país. La mayoría de ellos son viajeros procedentes de Sudáfrica y, quizá lo más alarmante, a dos de ellos no se le ha detectado vinculación alguna a desplazamiento internacional, aunque sí guardan relación entre sí.
«Los datos son todavía muy escasos para determinar el verdadero impacto en la transmisibilidad, la gravedad o el escape inmune de la variante Ómicron», señalaron en la última actualización de su informe sobre la situación epidemiológica de las variantes de SARS-CoV-2 en territorio nacional; «el resto de variantes continúa detectándose a niveles muy bajos», agregaron, siendo Delta la cepa que representa casi el 100 por ciento de las variantes manifestadas mediante la secuenciación con las que trabajan.
De este modo, la consideración de Ómicron en el papel de variante de mayor impacto para la salud de la población reaviva el interés de la detección de casos sospechosos, revelados mediante cribado con PCR sensible a la deleción 69-70, u otros marcadores con capacidad para realizar igualmente una identificación preliminar de la nueva variante.
Serán las CCAA quienes decidirán la modalidad de vacunación en los menores de entre 5 y 11 años
Otra de las medidas confirmadas contra el Coronavirus es el inicio de la campaña de vacunación de los menores para el próximo 13 de diciembre, según anuncio también de Sanidad, siendo las comunidades las encargadas de decidir a nivel autonómico el tipo de modalidad de vacunación que llevarán a cabo.
Así lo corroboró este martes Carolina Darias, ministra de Sanidad, a lo largo de unas declaraciones dirigidas a la prensa durante su visita a Bruselas por motivos de reunión con los ministros de Salud de la UE, a la espera de saber más datos oficiales sobre las características, transmisibilidad y peligrosidad de la variante Ómicron.
Interpelada acerca de la postura del Gobierno en materia de una campaña de vacunación a menores realizada en los colegios, la titular española de Sanidad remitió a la Comisión de Salud Pública y en su confianza de poder «empezar a partir del 13 de diciembre y en la modalidad que la comunidad autónoma establezca».
Sí a la vacunación pediátrica, no a la vacunación obligatoria a toda la población
Por su parte, Hans Kluge, director de la oficina en Europa de la Organización Mundial de la Salud, no tuvo reparos para mostrar en una rueda de prensa su aprobación a la vacunación de los menores de 12, al señalar que las vacunas a dicho colectivo «no solo reduce su papel en la transmisión de COVID-19, sino que también los protege de la gravedad pediátrica».
Un gesto de conformidad que, por ejemplo, la vacunación obligatoria a toda la población no ha obtenido de él, pues el líder de la OMS-Europa considera que tal debe ser el «último recurso», y sólo tras «agotar todas las demás opciones viables para mejorar la aceptación de la vacunación».
Recordó, asimismo, que los datos recopilados hasta ahora sobre la inyección del suero de Pfizer contra el Coronavirus a los más pequeños señalan que la incidencia de la covid-19 en dicha franja de edad es de 2 a 3 veces mayor que la presentada mismamente entre la población promedio. Una situación que no es «inusual», a su juicio, conllevando además unos riesgos que «se extienden más allá de los propios niños».
«Debe ser discutida y considerada a nivel nacional, como parte de la medida de protección escolar», apuntó Kluge sobre la vacunación infantil, agregando que conforme se aproximan las vacaciones escolares por las fiestas navideñas «también debemos reconocer que los niños contaminan a sus padres y abuelos en el hogar, con un riesgo diez veces mayor de que estos adultos desarrollen una enfermedad grave, sean hospitalizados o mueran cuando no están vacunados», basándose en tal señalización para recomendar el uso de mascarillas en todas las escuelas primarias, amén de la ventilación en espacios interiores y la realización de pruebas periódicas.
En lo que se refiere a la conveniencia o no de hacer mandato y ley y obligar a la población a inocularse contra el coronavirus, contrarrestando así la resistencia de parte de la población a inocularse, debate que, por cierto, continúa abierto y candente en la Unión Europea, Kluge manifestó que esa debe ser la última de las medidas a tomar.
«Ha demostrado ser eficaz en algunos entornos para aumentar la absorción de vacunas», admitió sin embargo acerca de tal recurso. «Pero la eficacia de los mandatos es muy específica del contexto», incidió. «Se debe considerar el efecto que la obligación de la vacunación podría tener sobre la confianza del público, así como la aceptación de la vacunación», razonó.
«Lo que es aceptable en una sociedad y comunidad puede no ser efectivo y aceptable en otra. La vacunación obligatoria debe estar respaldada por consideraciones políticas apropiadas, un plan de implementación integral, que incluya disposiciones para exenciones, y un componente de comunicaciones sólido para la población», explicó.
A entender del líder europeo de la OMS, se trata de una obligatoriedad que, en caso de llegar a producirse, «nunca deben contribuir a aumentar las desigualdades sociales en el acceso a los servicios sociales y de salud».
A ese respecto matizó:
«Cualquier medida que pueda restringir un derecho o movimiento de una persona, como encierros o mandatos, debe asegurar que se cuide la salud y el bienestar mental, que se cuente con un medio de prevención y detección temprana y manejo de la violencia y que el apoyo microeconómico esté disponible para los más afectados».
