Sanidad vigilará que se exija el Pasaporte Covid para entrar en bares de Cantabria, advirtiendo que las sanciones recaerán en el local y no en el cliente.
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria dio luz verde a la obligatoriedad de enseñar el Pasaporte Covid en la Comunidad Autónoma de Cantabria o, mejor dicho, en sus localidades con mayor incidencia acumulada, las incluidas en los niveles 3 y 4: Astillero, Bareyo, Cabezón de la Sal, Camargo, Cartes, Castro Urdiales, Comillas, Colindres, Guriezo, Laredo, Marina de Cudeyo, Medio Cudeyo, Miengo, Noja, Piélagos, Polanco, Reocín, Ribamontán al Mar, San Felices de Buelna, Santa Cruz de Bezana, Santander, Santoña, Selaya, Suances, Torrelavega, San Vicente de la Barquera y Val de San Vicente informa El Diario Montañés. Este jueves Sanidad no ha dudado en mostrar su conformidad.
Sanidad y el TSJC se ponen de acuerdo para vetar la entrada a los clientes sin pasaporte Covid
Las medidas de Cantabria se endurecen y la Comunidad continúa sosteniendo su marcha atrás en la desescalada ante el avance, aún sin control, de la quinta ola por los municipios de la autonomía. Es por ello por lo que ayer, Sanidad de Cantabria declaró e insistió en que la última resolución del TSJC que suspende el cierre del interior de los establecimientos hosteleros es «clarísima» y no afecta a la vigencia del Pasaporte Covid.
De este modo, Sanidad se hace a un lado y consiente que el Certificado Digital de la UE, propuesto para la libre movilidad de sus usuarios, se use también en Cantabria como un método de control hacia los clientes de la hostelería de los municipios con altas tasas de contagios. Más aún; Sanidad ha prometido que se controlará el cumplimiento de esta medida con las inspecciones y sanciones que correspondan, matizando que las sanciones recaerán sobre el local y no sobre los clientes.
La medida no ha caído en el apartado de aprobación y aceptación, por parte de los hosteleros, precisamente; tanto así que ayer mismo presentaron sin pérdida de tiempo un recurso judicial contra la última actualización del semáforo Covid, según el cual Sanidad pasaba de 19 a 27 el número de municipios en nivel de alerta 3, que es el nivel mínimo a partir del cual Sanidad se sienta a aplicar el Certificado Digital Europeo para entrar en los bares.
«El incumplimiento en ningún caso es de los clientes, es del local», señaló al respecto ayer jueves el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez; a su juicio, «en ningún momento» dicho local puede consentir que acceda a su establecimiento alguien que no presente su certificado Covid, y así lo explicó ante la prensa, respondiendo de paso al rechazo de los hosteleros cántabros hacia esta medida, de la cual disienten, entendiendo que no debería estar en vigor tras el auto judicial.
Un acuerdo sanitario que penaliza principalmente a los hosteleros
Según declaraciones del consejero, Sanidad tiene previsto «exigir y ver que se cumple la resolución» y que los comensales que han penetrado en el interior de bares y restaurantes en aquellos municipios de nivel 3 o 4 (aunque actualmente no hay ninguno en el último y sí 27 en el primero) se han ganado el derecho a entrar mostrando su Pasaporte Covid. Rodríguez ha matizado que, en caso de que algún cliente falsifique su certificado, la responsabilidad ya no recaería sobre el local, sino sobre el cliente, siendo que al local sólo se le pide que solicite su demostración. «No les pedimos que comprueben si está falsificado, si es del padre o de la madre», especificó el consejero.
Así, esta medida preventiva contra el coronavirus se suma a otras que ya aplicaba la autonomía, pretextando la transmisión «descontrolada» del virus por la comunidad, en palabras de los magistrados de la región.
Es el caso del cierre nocturno, que vio su fin de su actividad en Cantabria el pasado 3 de julio, exigiendo que las discotecas de municipios con nivel de riesgo medio (nivel 3) deben echar cierre no más tarde de la medianoche; la reinstauración del toque de queda nocturno, entre 01:00 y 06:00 de la mañana; y la norma que limita el número de congregados en reuniones, demandando un máximo de seis personas.
Para la mayoría de los magistrados cántabros que participaron en la aprobación de estas medidas y que más tarde se animaron a declarar, estas restricciones preventivas son «necesarias» y «equilibradas», una opinión que disiente del todo con la de los hosteleros.

























