La vinculación de las pensiones al IPC en lugar de al mes de noviembre, supone una desventaja para los jubilados que podrían ver disminuidas sus prestaciones.
Lo que parecía una buena noticia, el Instituto Nacional de Estadística (INE) había revelado el dato adelantado del IPC de noviembre, por lo que se elevaría la cuantía de las pensiones, ha resultado ser a la vez un arma de doble filo. Al menos en cuanto a los mayores se refiere. ¿Por qué? Muy sencillo, se produce una subida de las pensiones, sí; pero vinculándolo a los datos del IPC del mes de noviembre, tal y como se hacia hasta 2013, y no respecto al IPC medio anual, que es como se calcula ahora. Resultado: el Gobierno ahorra y los jubilados ven reducidas sus prestaciones.
Tomando como referencia el IPC medio anual, y no el del mes de noviembre, los jubilados verán reducidas sus pensiones en beneficio del Gobierno
Así, y con los datos actuales en la mano, con un IPC del 2,5% el gasto contemplado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 asciende a un total de 171.951 millones de euros, una cifra notablemente superior a la calculada por Gobierno, 171.165 millones, sujeta esta a un IPC del 2%.
COESPE, en contra de la Ley de Pensiones
En este sentido, organizaciones como COESPE, firme defensora de las pensiones públicas, ya advirtió en Prensa Social, a través de su portavoz Conchita Ribera, las consecuencias de la vinculación de esta prestación al IPC medio anual: «pasará lo mismo que en Chile y nos conducirá a unas pensiones de miseria».
La subida de las pensiones en base al IPC real y no al IPC medio
Para evitar esto, desde COESPE apuntaban a la importancia de que «se produzca una subida de las pensiones por el IPC real por ley no un IPC medio» para evitar que el perjudicado fuera el pensionista en beneficio del Ejecutivo y por consiguiente del Estado, que es el que ahorra gasto con una partida que podría destinarse al jubilado, tal y como se hacía con anterioridad al año 2013.
500 euros menos al año para cada jubilado
Sin embargo, la primera fase de la reforma ya ha pasado el corte en el Congreso y, de aprobarse finalmente, supondría que los jubilados dejen de percibir, aproximadamente, unos 500 al año merced a la vinculación con el IPC medio, situado en un 2,5%.
