Si no quiere ver suspendida su pensión, los jubilados españoles deben apresurarse para aportar a la Seguridad Social la acreditación de la percepción de la pensión no contributiva que perciben, unas 460.000 personas. Los beneficiarios que quieran conservar dicha ayuda deberán efectuar un trámite antes del 31 de marzo de lo contrario podrían ser penalizados o se les suspendería el ingreso de dicha pensión.

Así lo contempla el artículo 372 del Real Decreto Legislativo 8/2015 y el artículo 16.2 del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo. Además, deben ajustarse a unos plazos que finalizan al término de marzo. Se trata de una declaración con la renta de la unidad de convivencia referida al año anterior. En este caso habría que aportar la información de 2023. También deben incorporarse las posibles variaciones y previsiones del ejercicio en curso.

Igual sucede con aquellos que residen fuera de España. La Seguridad Social les obliga a presentar todos los años una fe de vida y estado antes del 31 de marzo. Este documento deberá ser presentado a la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social. También se les exige que comuniquen cualquier tipo de cambio en el domicilio o de la cuenta bancaria asociado a la pensión.

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