El Plan Integral de Alzheimer y otras Demencias 2019/2023 aún se enfrenta a muchos retos y carencias, haciendo vulnerables a aquellas personas dependientes.

Elaborado en equipo por Sanidad, médicos, asociaciones de cuidadores y enfermos, administraciones e investigadores, el primer Plan Integral de Alzheimer y otras Demencias 2019/2023 que España ha tenido a lo largo de toda su historia fue activado a nivel de todo el territorio el pasado octubre de 2019, tras la implantación de administraciones competentes como el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, y tras la aprobación y destinación de las correspondientes partidas presupuestarias y generales del Estado.

Un plan estratégico previsto a estar vigente hasta la llegada del 2023, como mínimo, cuyo foco se fijó en una dolencia que influye en el pensamiento y el comportamiento y la mente, y que vino a poner fin, en teoría, a las graves carencias con las que habitualmente se enfrentan los enfermos de Alzheimer y sus familiares.

Una política de Estado que abarcó al Alzheimer

La demencia es un eslabón de la sanidad pública fundamental al que cualquier sistema nacional de salud debe insertar en su cadena de condiciones prioritarias a abordar.

Basta ver el creciente número de afectados por alguna demencia y los insuficientes recursos sociosanitarios a los que está abocado a soportar, para darse cuenta de la urgencia de abordar el problema y desarrollar estrategias específicas para confrontarla. Dentro de ese panorama se yergue prioritaria la enfermedad del Alzheimer; una enfermedad neurodegenerativa que altera la memoria de los afectados y les produce un deterioro cognitivo y trastornos cognitivo-conductuales importantes.

Una patología que, no obstante, también arrasa con las fuerzas y energías de cuidadores y familiares más cercanos, propinando un revés en su estado anímico y abriendo agujeros en su bienestar en forma de carencias vinculadas con la tarea de cuidar, que se dejan sentir a nivel sanitario, social e incluso económico.

Si bien es un hecho fehaciente e innegable que los pacientes del Alzheimer y otro tipo de enfermedades neurodegenerativas y/o relativas a las demencias seniles, gozan hoy en día de unas condiciones de atención cien veces mejores que las dispensadas al mismo colectivo dos décadas atrás; un avance que vino escopetado por la Ley de la Dependencia, dicho sea de paso.

Aun así, lo cierto es que la dimensión de la enfermedad y sus efectos en forma de cuantiosas consecuencias siempre ha estado hambrienta de un planteamiento integrador de abordaje específico enmarcado en una política social de Estado.

«Es fundamental el cuidado integral de esta demencia», respaldó Koldo Aulestia, presidente de Alzhéimer Gipuzkoa. «Porque es necesario que pacientes, asociaciones e investigaciones vayamos juntos y no cada uno por su lado».

Una demanda a la que el Gobierno respondió dos años atrás, poniendo sobre la mesa el Plan Integral de Alzheimer y otras Demencias 2019/2023, emulando con la propuesta la conducta tomada con anterioridad por otros países del campo internacional.

«El abordaje del Alzheimer es una prioridad de salud pública y un problema social y sanitario de primer orden: su dimensionamiento, alcance e impacto social y económico plantea a la sociedad española el reto de planificar y poner en marcha actuaciones decididas, capaces de impulsar avances en respuestas adecuadas, específicas e integrales para las personas afectadas (tanto las propias personas con Alzheimer como sus familiares cuidadores)» incluido en el actual Plan Integral del Gobierno (aprobado oficialmente en octubre de 2019 y redactado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social).

Un proyecto impulsado por el IMSERSO, y coordinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a personas con la enfermedad del Alzheimer y otras demencias, en colaboración y aportación de diferentes departamentos ministeriales, comunidades autónomas, la Fiscalía Especial para la Protección y Defensa de los Derechos de las Personas Mayores, agentes sociales, fundaciones y centros de investigación, sociedades científicas y asociaciones profesionales, hospitales y otras organizaciones participantes y expertas.

Presentando al Plan Integral de Alzheimer y otras Demencias 2019/2023

Así, se trata de una iniciativa orientada a poner solución a las graves deficiencias que rodean al conocimiento, diagnóstico y tratamiento del Alzheimer y otras enfermedades dementes. Su actuación se fragmenta en cuatro ejes en torno a las cuales fundamenta las propuestas de sus medidas:

Mejorar primero la información que se vierte sobre el Alzheimer y demás enfermedades de demencia, a fin de cambiar la visión que de ellas tiene la sociedad.

Situar después a los pacientes en el centro de la atención sanitaria y social, proponiendo para ello el desarrollo de políticas sociales de promoción de la salud, con el propósito de divulgar y fomentar el conocimiento de los factores de riesgo entre la población y los profesionales, actuando de igual forma con los tratamientos más adecuados.

El derecho, la ética y la dignidad del enfermo constituyen el tercer eje de actuación del Plan Integral de Alzheimer y otras Demencias 2019/2023 del Gobierno, un apartado que hace énfasis en el deber de mejorar los servicios, apoyos y prestaciones suministrados, en pro de avanzar en la atención brindada y hacerlo en distintos ámbitos.

El cuarto eje, por su parte, fija su objetivo en medidas que respalden y aviven la investigación, la innovación y el conocimiento que rodea a todas esas enfermedades que tarde o temprano degeneran en demencia y dependencia.

Una actuación inconclusa

A pesar de los propósitos reflejados en los cuatro ejes ya expuestos, está claro que todos dejan subrayar entre sus líneas la tendencia al infradiagnóstico que persistía en el país antes de la aprobación de este Plan Integral de Alzheimer y otras Demencias 2019/2023, así como a reconocer la «inequidad e insuficiencia en el acceso a las terapias». Un texto que, en palabras más simples, viene a reconocer que la enfermedad del Alzheimer está infradiagnosticada, ya que, si bien se le estima unos 1,2 millones de españoles afectados, también se reconoce que hay otros cientos de miles que «están sin diagnosticar en los sistemas de salud», aun cuando hay más del 50 por ciento de los casos detectados por los estudios poblacionales.

«La persona afectada por la enfermedad de Alzheimer ha de ser el centro de atención», manifestó al respecto la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de personas con Alzheimer y otras demencias  (CEAFA,) entidad que aúna en su seno a unas trescientas Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias, y que es representativa de las necesidades de 200.000 familias vinculadas con ese tipo de patologías.

CEAFA, de hecho, trabajó estrechamente con el Ministerio de Sanidad en la configuración del Plan, catalogando al Alzheimer como «una prioridad socio-sanitaria de primera magnitud en la esfera política nacional»; y señalando las medidas planificadas como un «eje en torno al cual han de girar absolutamente todos los esfuerzos no ya de la Política, sino, sobre todo, de los diferentes agentes implicados, cuya actividad ha de estar orientada de manera coordinada y conjunta a la satisfacción de las necesidades de diversa índole a las que aquélla se enfrenta».

Hablamos pues de un plan que contempla impulsar los programas de actividad y estimulación cognitiva, por un lado, siguiendo el criterio de las pautas y características neuropsicológicas presentes en las diferentes etapas de la enfermedad, mientras busca atender por otro lado las necesidades físicas, psicológicas y sociales que pacientes y familiares cuidadores acaban presentando.

«Mientras no seamos capaces de curar la enfermedad hay que mejorar los servicios asistenciales sanitarios y sociales», comentó la que entonces fuera ministra de Sanidad del Gobierno en funciones de hace dos años, María Luisa Carcedo, durante la rueda de prensa que siguió a Interterritorial del 14 de octubre del 2019 que presentó el documento y dio luz verde al Plan.

Deberes por cumplir y reivindicaciones que escuchar

Más de dos años han pasado desde la puesta en marcha, por parte del Gobierno, del Plan Integral de Alzheimer y otras Demencias 2019/2023, pero lo cierto es que el colectivo aún anda falto de compromiso social y hambriento porque se emprendan más investigaciones de la enfermedad, tal y como reclamó CEAFA desde el Congreso durante la mesa redonda del ‘Cero omisiones. Cero Alzheimer’, celebrado ante los diputados el pasado 21 de septiembre.

En ese sentido, la iniciativa necesita de más apadrinamiento político, más compromiso para desarrollar nuevas estrategias y llevar adelante planes que tengan el alivio de contar con el respaldo de las cuantías económicas suficientes, manteniendo en todo momento al afectado de Alzheimer en el eje principal de sus motivaciones.

El fin, por tanto, es que el plan se actualice e incluya nuevas cláusulas que fomenten el progreso de los pacientes en materia de sociosanidad, dignidad, derechos, coordinación, atención multidisciplinar e investigación, siempre en pro de la meta de confrontar la enfermedad en diferentes ámbitos.

«Y más teniendo en cuenta que la COVID-19 va a empeorar el panorama, ya que el virus ha provocado un mayor deterioro cognitivo que va a repercutir en un aumento de la demanda de recursos relacionados con las demencias y hay que estar preparados», advirtió en la misma jornada del Día Internacional del Alzheimer la presidenta de CEAFA, Cheles Cantabrana; un evento celebrado ante algunos diputados del Congreso.

Cantabrana, de hecho, quiso destacar especialmente la importancia de empezar a hacerle al Plan Integral del Gobierno un seguimiento «real», a la vista de que «no sabemos en qué se ha aplicado ese dinero», lamentó, refiriéndose a los 1.260.000 euros que se destinaron inicialmente para la puesta en marcha del programa.

«No sabemos si ese dinero ha servido, ni los resultados que hemos tenido al aplicar esa cantidad, ni si la aplicación ha servido como palanca para nuevas acciones».

Ante ese panorama, prima aún más la importancia de trabajar, por un lado, en acuerdos que solventen las necesidades concretas del colectivo de las personas con Alzheimer y otras demencias; y de desarrollar políticas públicas por otro lado, a fin de atajar la enfermedad y ayudar a digerir el impacto de la demencia y a concienciar mediáticamente sobre ello. Con más razón, cuando la detección precoz y la atención a las familias es tan determinante como «inaplazable».

Un plan cuyo perfil exige renovarse

Asimismo, otra de las pautas de las que carece el Plan Integral de Alzheimer es la financiación, insuficiente, de las investigaciones centradas en la enfermedad. Una aguda carencia de investigaciones sociales y sociosanitarias de biomédica, para ser exactos; prueba de ello es la ausencia de la llegada al mundo de la medicina en España de nuevos fármacos asistentes de la enfermedad, un campo sin novedades desde hace más de dos décadas.

«Lo cual evidencia no solo las carencias terapéuticas de tratamiento, sino la necesidad de que la investigación avance en todos los órdenes», en palabras críticas de José Antonio García, miembro del Panel de Expertos de Personas con Alzheimer de CEAFA.

Siguiendo en esa misma línea de exigencias ante las obvias carencias que hacen aguar un poco el Plan Integral del Gobierno sobre el Alzheimer, cabe señalar que el proyecto tampoco contempla los nuevos perfiles de los pacientes con Alzheimer, cambiantes hoy en día al originar casos que presentan demencia genética incluso antes de los 65 años.

Una ausencia de nuevos perfiles de la que García también se hace eco crítico, detallando que son personas que reciben un diagnóstico temprano y, a pesar del tiempo ya transcurrido, conservan casi intactas buena parte de sus capacidades. Él es un claro ejemplo de este perfil, de hecho, razón que tal vez explica, o al menos en parte, por qué durante la jornada ante los diputados del Congreso, abogó por promover y defender los derechos de los implicados.

Varias son, en resumidas cuentas, las luces y sombras que rodean al diagnóstico precoz, aunque ninguno de esos pros y contras eclipsan ni mucho menos la marcada importancia de crear una estrategia que fomente el dictamen temprano, y así establecer un cambio de modelo en la lucha contra el alzhéimer; una nueva actitud que sirva como base para instaurar un cambio en la lista de perfiles de los afectados por el Alzheimer.

Durante el acto de exposición ante el Congreso, diferentes estrategias y maniobras de avance se dejaron sentir, prometedoras; ideas de desarrollo que en sus formulaciones apostaron precisamente por hacer realidad y cuanto antes ese diagnóstico precoz, convertirlo en una práctica usual del sistema médico especializado.

Como ejemplo de ello destaca la formación de los agentes clave, la sensibilización social, el cribado voluntario o screening y el apoyo tras el diagnóstico… entre muchos otros.

Relevante es, asimismo, retomar el Plan Integral del Alzheimer y otras demencias, darle un giro actualizado y ajustado a la realidad actual, y alinearlo con los resultados extraídos de los últimos datos de informes y análisis más recientes, y utilizarlos como herramienta que afronte y resuelva con éxito el «gran desafío» vinculado y derivado de los cuidados y las necesidades de las personas en situación de dependencia en España, así como de sus familiares cuidadores.

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