La entidad Plena Inclusión y el Consejo General de la Abogacía Española firman un convenio de colaboración para promover una justicia más inclusiva.

La justicia puede ser uno de los ámbitos más complejos de nuestra sociedad. Por ello, es necesario realizar iniciativas que permitan facilitar el pleno acceso a determinados colectivos de la población como pueden ser las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

Plena Inclusión y la Abogacía Española suman fuerzas

Con este objetivo, Plena Inclusión y el Consejo General de la Abogacía Española firman un convenio de colaboración para promover una justicia más inclusiva. La intención es conseguir realizar de manera conjunta «acciones concretas que permitan que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo puedan tener un pleno acceso a la justicia».

Firma convenio de colaboración entre Plena Inclusión y el Consejo General de la Abogacía Española.
Firma convenio de colaboración entre Plena Inclusión y el Consejo General de la Abogacía Española. / © Plena Inclusión

Esta rubrica entra las presidentas de las entidades llega en 2022 para seguir formalizando un año más una relación vigente desde el 2013. Dentro de los objetivos clave de este acuerdo, podemos destacar los siguientes: «formar sobre el derecho a los ajustes de procedimiento de estas personas y proponer un perfil profesional de la figura del facilitador».

Varios ámbitos de actuación

El convenio de colaboración que han firmado, que no conlleva contraprestación económica para las partes, establece varios ámbitos principales de actuación en los que trabajar para lograr una justicia más inclusiva en España:

  • -Establecer un posicionamiento estratégico común público sobre el acceso a la justicia de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
  • -Aumentar la participación en jornadas formativas y de sensibilización propias de ambas instituciones.
  • Elaborar materiales que promuevan un acceso efectivo de estas personas al derecho a la asistencia letrada y al derecho de defensa.
  • -Difundir y formar sobre el derecho a los ajustes de procedimiento (adaptaciones para hacerles comprensible todo el proceso).
  • -Proponer un perfil profesional de la figura del facilitador de acceso a la justicia, así como promover su habilitación formal mediante un estatuto propio y unos requisitos formativos.

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