Las entidades Plena Inclusión y Aedis solicitan al Gobierno que también implemente medidas que ayuden al sector de la discapacidad intelectual.

Tal y como les hemos informado en Prensa Social, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en el Congreso de los Diputados (Madrid) que se van a aprobar nuevas medidas anticrisis. En concreto, ha comunicado que el IVA de la electricidad bajará del 10 al 5 por ciento.

Plena Inclusión y Aedis suman fuerzas

Después de su comparecencia, Plena Inclusión y su patronal, la Asociación Empresarial para la Discapacidad (Aedis), han emitido una nota de prensa conjunta en la que piden al Gobierno que también «contemple la sostenibilidad de sus entidades entre las medidas con las que paliar los efectos de la crisis económica».

«Esperamos que el Consejo Territorial de Servicios Sociales apruebe una iniciativa, de manera urgente, que aporte alternativas a una situación crítica»

Comunicado conjunto de ambas entidades

Es más, esta situación se ha producido el mismo día que ambas entidades se reunían con el director general del Imserso, Luis Barriga. El objetivo de ese encuentro era «trasladarte la situación crítica en la que trabajan 950 asociaciones a las que representan y que apoyan a 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y a sus familias».

Declaraciones institucionales

Por su parte, Bernabé Blanco, presidente de Aedis, señala: «hablamos de entidades con una larga trayectoria en la defensa de derechos fundamentales como la inclusión en el empleo o la educación; la accesibilidad cognitiva; el acceso igualitario a la justicia o a la vivienda, etcétera».

Una mujer lleva a una persona que va en silla de ruedas.
Una mujer lleva a una persona que va en silla de ruedas. / © Plena Inclusión

Mientras que Carmen Laucirica, presidenta de Plena Inclusión España, apunta: «muchos de estos derechos, recogidos en la Convención de Naciones Unidas de Derechos de las Personas con Discapacidad, no están garantizados todavía en España para cientos de miles de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias, un grupo humano especialmente vulnerable».

Por último, ambas entidades recuerdan al Gobierno que «la infrafinanciacion del sistema, unida al impacto del COVID y la crisis económica acrecentada por la invasión de Ucrania, hacen imposible afrontar las subidas en los costes».

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