La nueva autoridad en defensa del cliente financiero podrá resolver todas las cuestiones, problemas y diversas controversias relativas a la banca que tienen lugar cuando éste se ve desprovisto de ayuda y la atención es nula o muy deficiente.
Según ha apuntado la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño: l»a autoridad podrá resolver estar controversias y esto supondrá un refuerzo importante a la hora de proteger a los ciudadanos frente a estos compromisos, en principio, voluntarios de las entidades».
En la misma línea, Calviño ha considerado que está abierta a negociar durante la tramitación parlamentaria la tasa de 250 euros con que la banca financiará la nueva autoridad del cliente financiero que unificará los servicios de reclamaciones entre el sector y los clientes.
“El proyecto de ley hace que las resoluciones que pongan fin a la controversia sean vinculantes” ha referido Calviño. “Este es un elemento muy importante que diferencia la propuesta del régimen aplicable hasta ahora porque así el ciudadano tendrá un vehículo de reclamación verdaderamente eficaz. Esta es una de las novedades que más consenso ha despertado en todas las personas que han comparecido ante el congreso para valorar este proyecto”.
«Es preciso tener mecanismos ágiles que resuelvan los conflictos de manera alternativa a los tribunales de justicia”, ha apostillado.
La vicepresidenta también ha aclarado que esta tasa no se tiene que abonar por cualquier reclamación o demanda que un cliente pueda presentar, ya que primero esta tiene que ser aceptada a trámite por la autoridad. Responde así a la asociación española de Banca que ha insistido en que esta tasa podría provocar el efecto llamada de la «industria del pleito», de modo que se produzca un aluvión de reclamaciones por comisiones que sean «perfectamente legales».
Los clientes estarán protegidos por las criptomonedas, las empresas fintech y las nuevas tecnologías dentro del ámbito financiero así como de los pagos electrónicos y de créditos rápidos online.
El problema ahora está en las enmiendas presentadas por Esquerra Republicana y VOx quienes no consideran la figura de la autoridad del cliente.
