El secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, se ha reunido con los agentes sociales para continuar con el diálogo sobre la reforma de las pensiones y las recomendaciones de la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo.

Representantes del Gobierno y de los trabajadores y empresarios continuarán reuniéndose para seguir dialogando sobre el sistema de pensiones.

En esta primera toma de contacto, Arroyo ha estado acompañado por el director general de Ordenación de la Seguridad Social, Borja Suárez, entre otros miembros del Ministerio.

Por su parte han acudido, en representación de los interlocutores sociales, Rosa Santos, responsable del Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Sociolaboral de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social del Sindicato Comisiones Obreras (CCOO) y Antonio González, del Sindicato Unión General de Trabajadores (UGT).

Hay reforma de pensiones para largo

Esta reunión se produce después de que el Consejo de Ministros aprobara a principios de este mes el anteproyecto de ley que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones al subirlas con el Índice de Precios al Consumo (IPC) y con el que se persigue acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal mediante la revisión del modelo de jubilaciones anticipadas y la introducción de mayores incentivos para retrasar el retiro del mercado laboral.

La norma, que parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo y es fruto del acuerdo con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, es la primera pata de la reforma de pensiones que el Gobierno ha comprometido con Bruselas en el componente 30 del Plan de Recuperación y Resiliencia.

La reforma, que se prevé que entre en vigor en 2022 tras su paso por las Cortes, suprimirá los aspectos más polémicos de la reforma de 2013: el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit, y el llamado factor de sostenibilidad, que será reemplazado por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional.

Aunque la sustitución de este último forma parte de la segunda pata de la reforma de pensiones, prevista para más adelante, Gobierno y agentes sociales se han dado de plazo hasta el 15 de noviembre para negociar el nuevo mecanismo, que operará a partir de 2027 y que se incluirá en el proyecto de ley a través de una enmienda.

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