Se alcanza un acuerdo para la reforma de las pensiones

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Gobierno y agentes sociales han logrado un acuerdo para la reforma del sistema de pensiones que permitirá la actualización de las pagas contributivas en función del Índice de Precios al Consumo (IPC); e intentará ajustar la edad de jubilación de 64,6 años a la edad legal.

Se trata de la primera pata de la reforma de pensiones comprometida con Bruselas en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Se cumple así el vaticinio del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que a primera hora de la mañana se mostraba confiado en que a lo largo de esta semana se alcanzaría un primer acuerdo sobe la reforma de las pensiones, como recogíamos en Prensa Social.

Con este acuerdo se suprimen dos de los aspectos más polémicos de la reforma de pensiones de 2013: el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit; y el llamado factor de sostenibilidad.

El acuerdo, que se aprobará como anteproyecto de ley, garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de la pensiones contributivas, incluidas las mínimas, al vincular su revalorización anual con la variación interanual media del IPC de los 12 meses anteriores a diciembre del año anterior. Si esta variación fuera negativa, el importe de las pensiones no variará al comienzo del año.

Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) han subrayado que al suprimir la reforma de 2013 «se devuelve el sistema de pensiones a la garantía de la suficiencia de las prestaciones tanto de los actuales pensionistas como para los futuros jubilados».

Gobierno y agentes sociales llegan a un acuerdo para la reforma del sistema de pensiones actualizando las pagas contributivas y ajustando la edad de jubilación.
Los ministros de Trabajo y Seguridad Social, Yolanda Díaz y José Luis Escrivá junto a representantes sindicales. Foto:© Mnisterio de Trabajo

Esta acuerdo debe ser aprobado previamente por la dirección de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, (CEOE).

Es un convenio que subraya el papel del Estado como aval público del sistema de pensiones.

De hecho, la Ley General de Seguridad Social presenta una cláusula que permite realizar una transferencia anual, a través de los Presupuestos Generales del Estado, de cerca de un 2% del PIB (unos 21.000 millones de euros).

«Se culmina así el cumplimiento, hasta la fecha, del principio de separación de fuentes y se garantiza desde ahora mismo cerca de la mitad del incremento de financiación adicional que se prevé que necesitará nuestro sistema de pensiones para el año 2050«, destacan los sindicatos.

El acuerdo de pensiones incluye también medidas orientadas a una revisión del modelo de jubilación anticipada.

En opinión de los sindicatos, se reducen los coeficientes reductores, se da mayor equidad a las reglas de jubilación anticipada voluntaria e involuntaria, y se amplían los derechos de jubilación en varias modalidades.

El acuerdo introduce cambios fuera del sistema de pensiones

De otro lado, la reforma iguala, además, los derechos vinculados a los períodos de servicio social femenino obligatorio al que ya disfrutaban los del servicio militar.

También, fortalece el sistema de incentivos para garantizar la adecuación voluntaria de la edad efectiva y legal de jubilación.

Asimismo, se incluye una batería de medidas por la que se reconocen nuevos derechos o se amplían algunos de los que ya existían.

Cabe señalar la equiparación de la pensión de viudedad para las parejas de hecho; o la extensión del derecho a cotización por todos los programas de becas de estudios universitarios o de formación profesional; y por último, la mejora de los convenios especiales de cuidadores familiares de personas en situación de dependencia, entre otros.

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