La tarjeta europea de Discapacidad es un plan a futuro al que le sigue envolviendo algunas «dificultades», o así lo ha reconocido recientemente el Gobierno.

La tarjeta fue «una experiencia piloto», o así lo ha calificado el Gobierno ante el equipo parlamentario, en respuesta a un interrogante por escrito al respecto por parte de Jon Iñarritu, diputado vasco del Grupo EH Bildu.

Aprietos en el horizonte de los europeos con discapacidad

Al ser preguntado sobre la posibilidad de implantar la herramienta que supone la Tarjeta Europea de Discapacidad para uso y ventaja de su colectivo en los países europeos, la respuesta del Gobierno ha versado sobre una experiencia piloto, un periodo de prueba, y un informe analítico que detectó «dificultades» de cara a implementarla.

«La Tarjeta Europea de Discapacidad fue una experiencia piloto llevada a cabo en el marco del ‘Grupo de Alto Nivel de la Comisión Europea sobre políticas relacionadas con las personas con discapacidad’ (HLG)», en palabras del Ejecutivo, tras los resultados negativos del informe de evaluación que en su última versión de abril puso del derecho y del revés el proyecto.

«En dicho estudio se indican las principales características del proyecto piloto», refiere el Gobierno sobre la Tarjeta Europea de la Discapacidad, «en el que participaron ocho estados miembros (Bélgica, Chipre, Estonia, Finlandia, Italia, Malta, Rumanía y Eslovenia), limitado a sectores muy concretos como el de la cultura y el ocio».

Un uso muy limitado, a juicio del Ejecutivo

En la respuesta dada al diputado vasco, el Gobierno expone que la iniciativa que concibió la Tarjeta Europea de Discapacidad, dicha acreditación estuvo incluida en la estrategia ‘Una Unión de la Igualdad: Estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad para 2021-2030’, iniciativa emblemática donde las haya y recientemente aprobada.

¿Y cuáles son esas «dificultades» apuntadas?

Según el Gobierno, las trabas apuntadas en la evaluación del informe del proyecto piloto se resumen en que los sectores a los que la tarjeta daba cobertura no tienen el mismo nivel en todos los países miembros, por lo que no están armonizados entre sí; otra pega es que no existe un seguimiento común, y que la información incluida en las páginas web de cada estado miembro sobre las tarjetas que otorgan, es «inconsistente» en ocasiones; amén de que «la accesibilidad de los servicios a los que da acceso no es completa».

A todo lo expuesto, se suma además que «los proveedores de servicios perciben que su participación en el proyecto puede suponer una pérdida financiera», y así lo expone el ejecutivo.

En la lectura de su informe, «cabe señalar que, debido al escaso número de países y de proveedores que participaron en dicho proyecto piloto, el estudio indica que la Tarjeta Europea ha tenido un uso muy limitado», tal y como ha señalado el Ejecutivo, «y que, únicamente, en un escenario donde la Tarjeta se extienda a todos los Estados miembros y la participación de los proveedores de servicios sea obligatoria, se aseguraría que todas las personas con discapacidad puedan, sin discriminación alguna basada en la nacionalidad, disfrutar los beneficios y servicios que se contemplaban en el proyecto de Tarjeta Europea para personas con discapacidad», detalló.

En la versión del texto que fue finalmente aprobado, continúa apareciendo no obstante la propuesta de este documento, indicando que «la Comisión propondrá la creación de la Tarjeta Europea de Discapacidad, con vistas a que sea reconocida en todos los Estados miembros», fechando su realidad para «antes de que finalice 2023», y matizando que «se basará en la experiencia adquirida con el proyecto piloto».

La tarjeta europea de discapacidad

Se sumaría así a otras propuestas a nivel internacional formuladas para facilitar que las personas con discapacidad se desplacen sin problemas entre los Estados miembros y disfrutando determinadas ventajas asociadas.

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