Tras la concesión de la venta de los test Covid en farmacias sin receta, los sanitarios piden al Gobierno que regule su precio, como hizo con las mascarillas.

Los test Covid ya han llegado a las farmacias, pero no existe ningún mecanismo legal que regule su precio. Por ello, el Consejo General de Enfermería ha querido alertar de que recientes medidas aprobadas por Galicia y Murcia, aprovechando la venta libre de estos test en farmacias, vulneran la legislación vigente.

Los test Covid deben servir para desbloquear la Sanidad, no para violar la privacidad

Fue el pasado 22 de julio cuando el Gobierno dejó que entrara en vigor la venta sin receta de test Covid de antígenos en farmacias, aprobando una normativa que se limita a aceptar únicamente la venta de dichos productos a cualquiera que lo solicite, para que dicho ciudadano o algún otro que se lo haya solicitado se haga la prueba en su casa.

Hablamos de una norma gubernamental que ni permite ni ampara que dichos test Covid se realicen en los establecimientos privados de los farmacéuticos, como tampoco aprueba que dichos profesionales accedan a la historia clínica del paciente para comunicar resultado alguno al médico o al departamento sanitario ni nada por el estilo.

En este contexto expuesto, la Organización Colegial de Enfermería de España ha querido poner de manifiesto su rechazo ante la insistencia de dos Comunidades Autónomas por saltarse estas normas.

Galicia y Murcia son las autonomías que han decidido ir más allá de lo regulado por el Gobierno, incitando a los farmacéuticos a realizar los test Covid en sus establecimientos comerciales, instándoles a recoger datos del paciente con los que acreditar después los resultados personales de dicho comprador ante Sanidad pública. Y todo ello sin contar con el consentimiento de la persona involucrada.

Las farmacias: el puerto donde varias ramas de la sanidad se concentran

No hay que olvidar que las farmacias son comercios con un flujo importante de clientes que van a comprar artículos de todo tipo, no únicamente test Covid, ya sean medicamentos o cosmética o productos de higiene personal, por mencionar unos pocos.

En esta marea de clientes cobran relevancia los aerosoles, esas pequeñas gotas de saliva que los infectados expulsan por la boca o la nariz y quedan flotando horas en el ambiente, significando así el principal método de contagio de la Covid-19 entre las personas.

Es por ello por lo que la realización de test de antígenos, detectores de la presencia de Coronavirus en el organismo de personas sospechosas de estar infectadas, exige por sí mismo una serie de medidas preventivas para garantizar la seguridad y la salud del resto de los clientes de las farmacias.

Medidas que no todas las farmacias están cumpliendo, dicho sea de paso, y cuyo soslayo e incumplimiento supone, por tanto, poner en peligro la salud y la seguridad de esos clientes habituales de las farmacias que además son más vulnerables a la Covid por su condición; nos referimos, efectivamente, a ancianos, pacientes crónicos, inmunodeprimidos, familias con niños, etc. De hecho, lo lógico es que la persona sospechosa de estar infectada no sea quien se desplace a comprar el test Covid.

¿Prevención colectiva o intrusión individual?

En Murcia, el problema ha dado un paso más allá, incluso, tras el anuncio de la consejera de Salud sobre su intención de habilitar que las farmacias reporten los casos positivos al Servicio Murciano de Salud (SMS). ¿Su intención? Mantener un control de los posibles positivos de Coronavirus antes de que deriven a un contagio mayor en toda la población, habida cuenta de que muchos son quienes se callarían haber dado positivo y, en vez de optar por comunicarlo a su centro de salud para confirmarlo, preferirían librarse del confinamiento preventivo que se exige en tales casos, mostrando una falta de solidaridad en la lucha contra la pandemia.

Este reporte al SMS supondría, no obstante, una vulneración, con todas las letras, de la privacidad de la historia clínica del paciente y todos los datos que en esta se guardan. Y es que, hoy en día, los únicos profesionales sanitarios con autorización legal para recoger información y datos clínicos y acceder a la historia clínica de los pacientes en la sanidad pública son los médicos y los enfermeros, tal y como recuerda el Consejo.

Por tanto, y siguiendo el curso de este sentido, habilitar a los farmacéuticos para que tengan acceso sería del todo ilegal, con la ley vigente sobre la mesa, amén de ser un riesgo claro para la seguridad jurídica de los datos de los pacientes y una privatización de un servicio público innecesaria.

«Desde el Consejo General de Enfermería queremos mostrar nuestro respeto a la importante labor que realizan los farmacéuticos en todo lo relativo a la información sobre el medicamento y a la concienciación del paciente para que sea este quien comunique a su centro de salud un posible positivo, una vez realizado el test en su casa», ha declarado José Luis Cobos, vicepresidente del Consejo General de Enfermería, añadiendo, no obstante:

«Pero nuestro compromiso con la salud y la seguridad de los pacientes nos obliga actuar con total contundencia ante estas situaciones».

¿Bastaría una normativa para solventar el problema?

Quizá. Es por ello por lo que desde el CGE han solicitado directamente al presidente del Gobierno y a la ministra de Sanidad que aprueben de forma urgente «normas para la regulación del precio de los test de antígenos vendidos en farmacias o realizados en establecimientos sanitarios ante la situación de brutal especulación que se está llevando a cabo con fluctuación de precios, en ocasiones desorbitados, así como situaciones de reventa a precios abusivos en locales de ocio nocturno».

Después de todo, y tal y como no ha dudado en recordar el Consejo, la aprobada venta en farmacias de los test Covid responde a la necesidad de «descongestionar el sistema sanitario, una descongestión que no debería afectar a la accesibilidad de todos los ciudadanos a dichos test de antígenos con independencia de su capacidad económica».

«Por ello, solicitamos al Gobierno que establezcan un precio máximo en los test o que, incluso, se faciliten de manera gratuita a la población en aquellos casos que sea preciso».

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