El Comité de Naciones Unidas para los derechos de las personas con discapacidad condena al Estado por discriminar a un guardia urbano de Barcelona y recomienda evaluar si el agente, con una incapacidad permanente total, puede realizar otras funciones dentro del consistorio.

La resolución de las Naciones Unidas señala que el Estado ha discriminado al policía municipal, Vicente Flores, al negarle el paso a segunda actividad; y aconseja a las autoridades públicas que evalúen sus capacidades para permanecer en el Cuerpo de Policía y lo compensen por los gastos judiciales.

Vicente Flores: doce años de batalla judicial

El ayuntamiento de Barcelona deberá cumplir el dictamen sobre derechos de las personas con discapacidad a raíz de la demanda presentada por Vicente Flores. Un policía municipal de la ciudad de Barcelona que en 2009 sufrió un accidente profesional, tras el que fue declarado en situación de incapacidad laboral permanente total.

Entonces solicitó desempeñar una segunda actividad como funcionario del Ayuntamiento, que le fue denegada. Tenía 31 años. En 2019, tras agotar todas las vías judiciales internas, formuló una denuncia ante el Comité de la ONU sobre Derechos de Personas con Discapacidad.

El Comité de Naciones Unidas para los derechos de las personas con discapacidad condena al Estado por discriminar a un guardia urbano de Barcelona.
El guarda urbano Vicente Flores. Foto: ©AIL.POLD

Hace tres días Vicente Flores recibía el dictamen de Naciones Unidas. Acerca de los 6.251 euros que percibirá del ayuntamiento por la discriminación que ha sufrido, Flores confiesa a Prensa Social que: «Esos 6.000 euros de daños morales que es pecata minuta porque han sido 12 años no solo de desgaste económico, sino emocional y familiar».

Un logro para todo el colectivo de la discapacidad

Para este guarda urbano el logro obtenido va más allá del colectivo policial: «Yo he llegado al máximo estamento de Naciones Unidas, al Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin duda es otro avance para las mejoras de las personas con discapacidad y un gran paso para dotar a los dictámenes de comités de derechos humanos de eficacia práctica en nuestro país especialmente vulnerados por las administraciones locales y autonómicas, asegura Flores a Prensa Social.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Catalunya acaba de dictaminar que el ayuntamiento de Barcelona debe evaluar si este guarda urbano está en condiciones de desempeñar una segunda actividad como funcionario del consistorio.

Vicente Flores se muestra esperanzado, pero consciente de que habrá que esperar: «Me queda un año largo de espera pero si todo sale bien el siguiente paso es convocar a un tribunal médico para que se decida qué tipo de tareas puedo desempeñar y que adapten ese puesto de trabajo», comenta el policía a nuestro periódico.

La importancia del dictamen de Naciones Unidas

Por su parte, el TSJ de Catalunya recuerda que las normas relativas a derechos fundamentales y libertades públicas deben interpretarse de conformidad con los tratados internacionales.

Además reconoce al agente el largo camino que ha tenido que atravesar de demandas y recursos para obtener justicia.

También apunta que, aunque las resoluciones del Comité de Naciones Unidas sobre derechos de personas con discapacidad no sean vinculantes, las normas relativas a derechos fundamentales y libertades públicas deben interpretarse de conformidad con los tratados internacionales, de modo que la interpretación no puede prescindir de la que llevan a cabo los órganos de garantía establecidos por esos tratados, como lo es el mencionado comité.

El dictamen, como refieren los magistrados expresamente, tiene un especial valor interpretativo de las normas internas, debiendo ponderarse en todo caso sus razonamientos.

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