El Gobierno propone, a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que haya un profesional por cada dos residentes con discapacidad.

Es importante recordar que la última reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, celebrada el pasado 25 de mayo, finalizó sin acuerdo ya que la propuesta del Gobierno tuvo la oposición muchas Comunidades Autónomas (CCAA).

Además, la opción que planteó en su momento el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 tampoco fue del agrado de las patronales que engloban el sector de la dependencia y de los diferentes sindicatos.

Nueva propuesta: un profesional por cada dos personas

En el próximo encuentro que tendrá lugar en este mes de junio, el Gobierno ha trasladado una nueva propuesta en la que plantea, entre otras cuestiones, que «las residencias para personas con discapacidad tengan una ratio de un profesional por cada dos personas en el año 2029».

Residencias para personas mayores: un ratio de tres profesionales por cada siete residentes

El documento en formato borrador, sobre el cuál las CCAA debatirán en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, pretende servir para «ratificar el nuevo sistema de acreditación de residencias para personas mayores y con discapacidad».

Una mano de una mujer más joven agarra la de una más mayor. / © Europa Press

Además, esta nueva propuesta también implica que en la atención directa en su conjunto para 2029, «habrá un profesional por cada dos residentes en las de personas mayores, y cuatro trabajadores por cada siete residentes en las de personas con discapacidad».

Si finalmente se aprueba, supondría un incremento de más 34.294 puestos de trabajo en atención residencial y en centros de día en la atención directa de primer nivel

Por último, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha querido aprovechar la muestra de este nuevo borrador para recordar que «la financiación estatal a la dependencia se ha incrementado en esta legislatura, pasando de 1.390 millones de euros en 2020 a 2.629 millones en 2022».

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