El análisis lingüístico de la llamada Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia conduce a una conclusión tan ineludible como incómoda: su texto es rigurosamente incomprensible; es más: se ha escrito deliberadamente para que no se entienda.

La ética falsaria del eufemismo

Abundan aun en demasía los ejemplos de esa falsaria ética del eufemismo, invariablemente promovida desde los poderes públicos; pero hoy nos centraremos, por su actualidad, en la llamada Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (en adelante, LORE). No nos pronunciaremos aquí a favor ni en contra de la asistencia al suicidio, limitándonos a analizar lingüísticamente la estructura profunda del texto de la Ley Orgánica 3/2021 tal cual fue aprobado por las Cortes Generales españolas el pasado marzo, constando en total de trece páginas cuya lectura exige no poca paciencia.

Lo relevante es lo que se oculta

Ocupa las tres primeras un farragosísimo preámbulo de 1868 palabras que no dejan lugar a dudas en cuanto a la intención embaucadora que lo anima. Como siempre ocurre con los textos plagados de eufemismos, mucho menos que lo que éstos dicen interesa lo que pretenden ocultar: en este caso, que el verdadero propósito de la LORE es despenalizar el suicidio asistido (sobre el que ya hemos dicho que no vamos a opinar, dada la imposibilidad de emitir juicio alguno, a favor ni en contra, sobre un texto rigurosamente incomprensible).

Que la palabra ‘suicidio’ no figure ni una sola vez en todo el texto, más que refutar la anterior afirmación, viene a corroborarla, como sugiere la sistemática sustitución del término delator por eufemismos como «ayuda para morir» (usado sesenta y una veces, incluyendo variantes tan rebuscadas como «prestación de ayuda para morir», que aparece nada menos que cincuenta veces, o incluso «realización de la prestación de ayuda para morir», fárrago que la ponente de la LORE llega a escribir siete veces, empleando en cada ocasión ocho palabras para lo que, si persiguiera la claridad, podría decir en dos) o «conductas eutanásicas» (usado cinco veces), donde la elección por la ponente de un término tan inapropiado al caso como ‘conducta’ revela bien a las claras su determinación de recurrir a cualquier palabro que le evite decir ‘suicidio asistido’ en un texto donde no se habla de otra cosa, pero cuya mistificación le permite sostener, contra toda evidencia, que la LORE «introduce en nuestro ordenamiento jurídico un nuevo derecho individual».

La conmoción social, fundamento del Derecho

La inexistencia en nuestro ordenamiento jurídico de derechos colectivos (con la posible excepción del derecho a la autonomía que nuestra Constitución reconoce, en su art. 2 —a propósito de eufemismos—, a «nacionalidades» y regiones) es minucia que seguramente no arredre ni poco ni mucho a nuestra legisladora, capaz de fundamentar su despenalización del suicidio asistido sobre el argumento de que las cuestiones derivadas de él «conmueven a la opinión pública»

El debate sobre la eutanasia […] se ha abierto paso en nuestro país […], debate que se aviva periódicamente a raíz de casos personales que conmueven a la opinión pública. Un debate en el que confluyen diferentes causas, como la creciente prolongación de la esperanza de vida, con el consiguiente retraso en la edad de morir, en condiciones no pocas veces de importante deterioro físico y psíquico…

El deplorable «retraso en la edad de morir»

Que las emociones de la opinión pública a raíz de un «debate que se aviva periódicamente» (aunque tal vez no espontáneamente) se eleven, porque sí, a argumento jurídico en la exposición de motivos de una Ley ya alarma bastante sin añadirle encima la constatación de que, según su ponente, algunas personas que conviven entre nosotros como si nada están incurriendo en un deplorable retraso en la edad de morir. En otras palabras, hace tiempo que deberían haberse muerto, cálculo que en buena lógica sólo se justifica por el gasto que le generan al Estado al osar seguir con vida, convirtiéndolas en candidatas prioritarias a disfrutar el «nuevo derecho individual» al suicidio con que les agracia la LORE.

Ni que decir tiene que la ponente ni por asomo alude a tan viles consideraciones pecuniarias, embarcada como está en la exaltación meramente retórica de los más nobles ideales. Pero no es difícil deducirlas del subtexto.

Chapuza legislativa: dos definiciones distintas de ‘eutanasia’ en el preámbulo

Otro eufemismo al uso por ‘suicidio asistido’ es, por supuesto, eutanasia, que pese a bautizar a la LORE, sólo registra veintinueve apariciones en todo el texto, sustituyéndose en general por toda suerte de circunloquios que podríamos calificar de metaeufemismos, si no fueran contorsiones verbales tan descabelladas como «conductas que impliquen alguna forma de ayuda a la muerte de otra persona», todo un eufemismo del eufemismo que llega a movilizar hasta trece palabras con tal de evitar el término tabú.

Tal vez para compensar su escasa presencia en el texto, el término eufemístico ‘eutanasia’ se define dos veces en el preámbulo: una, antes; y otra, después de su lexicalización como eufemismo por ‘ayuda al suicidio’, lo cual es harto elocuente.

Según su primera definición en el preámbulo a la Ley, la eutanasia es «el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona, producido [sic] por voluntad expresa de la propia persona y con el objeto de evitar un sufrimiento», definición que a su vez parece obedecer a un acto deliberado de confundir respecto a la naturaleza del presunto «nuevo derecho» concedido, empezando por su titularidad. Por no aclarar, ni siquiera aclara si la persona que «produce» el acto es la misma que padece el sufrimiento, en una confusión deliberada a la que no es ajena la elección de verbos como ‘dar’ en «dar fin a la vida», donde una redacción honrada escribiría ‘dar muerte’, ‘quitar la vida’ o ‘ponerle fin’.

Esta confusión deliberada aumenta al introducirse, en el mismo preámbulo, una segunda definición de eutanasia, esta vez como «actuación que produce la muerte de una persona de forma directa e intencionada mediante una relación causa-efecto única e inmediata […] en un contexto de sufrimiento […] que la persona experimenta como inaceptable», duplicidad definitoria insólita en un texto jurídico que, aparte de abrir la puerta a que una persona decida terminar con la propia vida por experimentar como inaceptable un sufrimiento que podría no serlo objetivamente, no aporta sino más caos a la inteligibilidad del concepto clave.

De eso se trata, por descontado; y puesto que llamarle eutanasia al suicidio asistido exige dejar antes de llamar por su nombre a la eutanasia, la ponente se ha apresurado a hacer esto mismo colando de rondón entre ambas definiciones una mentira flagrante:

En nuestras doctrinas bioética y penalista existe hoy un amplio acuerdo en limitar el empleo del término «eutanasia» a aquella que se produce de manera activa y directa, de manera que las actuaciones por omisión que se designaban como eutanasia pasiva […] o las que pudieran considerarse como eutanasia activa indirecta […] se han excluido del concepto bioético y jurídico-penal de eutanasia.

Si existe «amplio acuerdo» entre el personal médico, ¿de dónde salen tantos objetores que «sancionar»?

Que este «amplio acuerdo» invocado por la legisladora brilla por su ausencia, lo reconoce implícitamente ella misma al prever la «objeción de conciencia [por parte] del personal sanitario llamado a colaborar en el acto de ayuda médica para morir», contemplando incluso un régimen sancionador de infractores al que no habría lugar, si en verdad existiera tal consenso bioético, penalista y social.

Sustituir lo que funcionaba por lo que «suena bien»

Todo lo contrario, como advertía Orwell: la destrucción del consenso social es el objetivo de quienes atentan contra el verbal. El caso que nos ocupa no es una excepción, ya que, al excluir arbitrariamente la «eutanasia pasiva» (interrupción del tratamiento a enfermos terminales) y la «eutanasia activa indirecta» («sedación» de enfermos moribundos conforme a la lex artis) del «concepto bioético y jurídico-penal de eutanasia», la LORE destruye el consenso que previamente existía respecto de ambas «conductas eutanásicas», que ni estaban penalizadas de facto por la legislación vigente ni en general planteaban problemas de conciencia al personal sanitario, ejemplificando a la perfección esa práctica tan en boga de sustituir aquello que funcionaba por lo que le suene bien a la ponente doña María Luisa Carcedo.

Una lista negra de negacionistas de derechos

Reducir, con fines espurios, el concepto de eutanasia a la ‘eutanasia activa directa’, disfrazando de derecho del paciente lo que a todas luces se articula como una despenalización de la ayuda médica al suicidio, da en equiparar toda objeción de conciencia con la denegación de un derecho, convirtiendo a su vez al objetor en nada menos que un ‘negacionista’, con todo lo que ello conlleva, que no es poco ni bueno…

Una redacción incongruente y contradictoria

Las incongruencias y contradicciones que subyacen a este embeleco no pueden dejar de manifestarse en su torpe redacción, revelando la hilaza del disfraz. Así, por ejemplo, el siguiente extracto del preámbulo:

El contexto eutanásico, en el cual se acepta legalmente prestar ayuda para morir a otra persona […] requiere de una valoración cualificada y externa a las personas solicitante y ejecutora, previa y posterior al acto eutanásico…

…no admite sino dos interpretaciones: o las comisiones de Garantía y Evaluación que la propia LORE prevé para verificar su cumplimiento se proponen evaluar post mortem a la «persona solicitante», o bien la solicitante y la ejecutora son la misma persona. En cualquier caso, este término de «persona ejecutora» debió de parecerle demasiado claro a la ponente, pues se abstiene de volver a utilizarlo en lo sucesivo, igual que hace con este otro lapsus de claridad en que incurre asimismo en el tortuoso preámbulo:

Así definida, la eutanasia conecta [sic] con un derecho fundamental de la persona constitucionalmente protegido como es la vida, pero que se debe cohonestar también con otros derechos y bienes, igualmente protegidos constitucionalmente…

…sin que uno sepa si maravillarse más por la afirmación de que la eutanasia (definida como suicidio asistido) «conecta» con el derecho a la vida —cuando más bien vendría a conculcarlo— o por la elección a renglón seguido de un verbo como cohonestar, que el DRAE define como «dar apariencia de justa o razonable a una acción que no lo es».

Suicidio asistido también para la empresa privada

Análogamente, el art. 2 de la Ley establece que ésta «será de aplicación a todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que actúen o se encuentren en territorio español», lo que, teniendo en cuenta la definición de persona jurídica por el DRAE («organización de personas o de personas y de bienes a la que el derecho reconoce capacidad unitaria para ser sujeto de derechos y obligaciones, como las corporaciones, asociaciones, sociedades y fundaciones»), induce a creer que la LORE se arroga la potestad de «prestar ayuda para morir» también a las empresas privadas, potestad que en opinión de muchos ya estaría ejerciendo, sin mediar consentimiento, con eficacia digna de un afán más loable.

Ante todo, naturalidad…

Por si estas y otras incoherencias no ilustraran suficientemente el verdadero propósito de la LORE, en su preámbulo se reconoce asimismo que «las disposiciones adicionales […] se dirigen a garantizar que quienes solicitan ayuda para morir al amparo de esta Ley, se considerará que fallecen por muerte natural»; y ello en términos tan paladinos (pese al anacoluto) que obligan a preguntarse por qué, si a los así fallecidos les asistía un derecho legítimo, es preciso escamotear las consecuencias de ejercerlo: sus «efectos», según el texto de la disposición adicional primera «Sobre la consideración legal de la muerte», que reza:

La muerte como consecuencia de la prestación de ayuda para morir tendrá la consideración legal de muerte natural a todos los efectos, independientemente de la codificación realizada en la misma.

…absteniéndose tanto de definir ‘muerte natural’ como de precisar los «efectos» de que no lo sea…

Las represalias contra los disidentes, único aspecto claro de la Ley

En cuanto a la disposición adicional segunda, «Régimen sancionador», se remite a los infractores de la LORE a lo dispuesto en el capítulo VI del título I de la Ley General de Sanidad 14/1986; «sin perjuicio de la posible responsabilidad civil o penal y de la responsabilidad profesional o estatutaria que pueda corresponder», como se añade de inmediato con inquietante imprecisión…

La misma turbiedad en relación con la naturaleza y los fines de la LORE se aprecia igualmente respecto de la «objeción de conciencia sanitaria»; pues, aunque en su art. 3.f se defina como el «derecho individual de los profesionales sanitarios a no atender aquellas demandas de actuación sanitaria reguladas en esta Ley que resultan incompatibles con sus propias convicciones», en el art. 7 la ponente vuelve a enseñar la patita sancionadora, al tildarla sin contemplaciones de «denegación de la prestación de ayuda para morir», con las consecuencias que denegar o negar un derecho inalienable le acarrea al negacionista. Para empezar:

1. Las denegaciones de la prestación de ayuda para morir deberán realizarse siempre por escrito y de manera motivada por el médico responsable.

…Luego no basta con alegar objeciones de conciencia, sino que éstas deben «motivarse» por escrito formalizando la preceptiva declaración autoinculpatoria de negacionismo.

2. Contra dicha denegación, la persona que hubiera presentado la solicitud, [sic por la coma] podrá presentar en el plazo máximo de quince días hábiles una reclamación ante la Comisión de Garantía y Evaluación competente. El médico responsable que deniegue la solicitud está obligado a informarle de esta posibilidad.

Traducción: «Sepa Vd. que puede y debe denunciarme por haber abdicado de mi responsabilidad denegándole sus legítimos derechos…»

3. El médico responsable que deniegue la solicitud de la prestación de ayuda para morir, con independencia de que se haya formulado o no una reclamación ante la Comisión de Garantía y Evaluación competente, deberá remitir, en el plazo de cinco días contados a partir de que se le haya notificado la denegación [sic por el anacoluto], los dos documentos especificados en el artículo 12, adaptando el documento segundo de modo que incluya los datos clínicos relevantes para la evaluación del caso y por escrito el motivo de la denegación.

(Ya hemos renunciado a seguir poniendo sic…)

Amenazas veladas y explícitas

Por si todo esto no les sonase suficientemente amenazante a los señalados como negacionistas de un derecho y por tanto infractores de la Ley que lo consagra, el art. 16 (dedicado, como el 7, por entero a la «objeción de conciencia [por] los profesionales sanitarios») vuelve a recordarles, en su apartado, 1 su obligación de «manifestarse anticipadamente y por escrito» como tales; e incorpora al apartado 2 otra amenaza, ésta bien específica:

Las administraciones sanitarias crearán un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la ayuda para morir, en el que se inscribirán las declaraciones de objeción de conciencia [contra] la realización de la misma y que tendrá por objeto facilitar la necesaria información a la administración sanitaria para que esta pueda garantizar una adecuada gestión de la prestación de ayuda para morir…

…cuyas últimas palabras suenan demasiado a excusatio non petita para que a ningún integrante de esta lista negra le tranquilice la rutinaria mención a su confidencialidad…

Ya lo sabe el ‘médico responsable’ (como lo llama treinta y una veces la legisladora que, de forma perfectamente gratuita, endosa tan grave responsabilidad a quienes han jurado absoluto respeto por la vida humana): le cumple el ingrato deber de suicidar a todo quien así lo solicite …o atenerse a las consecuencias de eludir sus responsabilidades. Quizá se le haga duro al principio, pero ya verá cómo le va cogiendo el tranquillo; y es que todo es cuestión de acostumbrarse…

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí