La vacunación tiene su propia margarita a deshojar. A favor o en contra, los países de la UE actúan por cuenta propia, aunque el Comité pide algo más colectivo.
Vacunarse o no. Esa es la inacabable discusión que lleva más de un año enfrentando a ciudadanos, establecimientos, autoridades, profesionales sanitarios e ideologías políticas desde que los sueros contra la Covid-19 aparecieron en escena, prometiendo una vacunación contra el virus SARS-CoV-2.
Vacunarse ¿es una elección individual o una responsabilidad social?
El coronavirus no sólo ha demolido vidas y economías y directrices sanitarias; también ha trastocado la libertad de decisión de las personas… en algunos países. Primero fue la imposición del Pasaporte Covid para entrar y circular en zonas públicas como restaurantes, museos, centros de salud y transportes públicos, con Italia y Francia a la vanguardia de esta medida. Se abría así una guerra entre favorititas y negativistas en un campo de batalla de opiniones que aún no ha dado su alto al fuego.
Ahora, mientras Alemania, Austria e Italia movilizan sus legislaciones para dar con el decreto que obligue a su población a vacunarse, alegando reaccionar ante el repunte de casos, el Comité de la Unión Europea rebusca entre sus capacidades de convicción para llamar a una toma de decisión en equipo y a una actuación común de las regiones que la integran. La vena vuelve a abrirse con un contraste de opiniones servido en bandeja de debate internacional.
¿Quién es la culpable de abrir brecha esta vez?
Alemania, protagonista de la semana por plantearse recientemente la obligatoriedad de la vacunación entre sus ciudadanos, ante la insatisfacción de las autoridades por los resultados obtenidos en la campaña de vacunación del Gobierno; una intimación propuesta a entrar en vigor en febrero del próximo 2022.
Actualmente el país registra 68,06 por ciento de personas vacunadas, tal y como reflejan las estadísticas de Our World in Data, contrastando notablemente con el 89,3 por ciento de población inoculada en España, mismamente.
Un índice que, junto a las obtenidas por otras regiones europeas con menor tasa de vacunación, inspiró a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, a recordar en plena rueda de prensa que «un tercio de la población europea no está vacunada, lo que son 150 millones de personas».
La Covid-19 es sinónimo de reto, de la misma forma en que la inoculación forzosa de sus sueros lo es del debate. El temido aliento de la variante Ómicron, que muchos ya notan en la nuca, y la nueva ola de contagios, que ya despunta en el horizonte del viejo continente, ha motivado a la líder de la CE a plantear un enfoque común para afrontar la vacunación.
«Es entendible y apropiado liderar este debate ahora», aseguró ante los medios.
«¿Cómo podemos alentar y pensar en la posibilidad de la vacunación obligatoria dentro de la UE? Tiene que debatirse», defendió a pies juntillas; «necesita un enfoque común, pero es un debate que creo que tiene que ocurrir», se reafirmó.
Ahora bien: ¿puede la UE obligar a sus ciudadanos a vacunarse? Esa es la pregunta del millón. Para Von der Leyen la respuesta es muy sencilla: «no todos pueden vacunarse; hay niños muy pequeños, por ejemplo, o personas con condiciones médicas especiales; pero la gran mayoría sí puede».
No obstante, y hoy en día, el Ejecutivo comunitario no tiene ni ley ni derecho ni potestad alguna para hacer de la vacunación contra el Coronavirus una norma constitucional a seguir por la población de sus miembros integrantes, ya que las capacidades sanitarias en la UE son competencia exclusiva de los Estados miembros, como no tuvo más remedio que admitir von der Leyen, a pesar de su opinión al respecto.
¿Qué opinan las restantes regiones europeas sobre la vacunación forzosa?
Austria ya calienta motores, y entre los proyectos de la semana entrante para los diputados destaca la aprobación de una ley que dé luz verde a la vacunación obligatoria, según anticipó el diario austriaco Die Presse, tras tener la oportunidad de echarle el guante a un borrador de la normativa, la cual empezaría a ser efectiva en febrero de 2022.
Francia, por su parte, no vaciló en respaldar legalmente la vacunación forzosa, llamando a inyectarse la pauta completa del suero contra el Coronavirus desde el pasado 15 de septiembre tanto al personal sanitario como a aquellos que trabajan con ancianos y personas vulnerables.
Pero antes de que Alemania y Austria e incluso Francia se plantearan seriamente la idea de la vacunación obligatoria, el actual primer ministro de Italia se adelantó a todos durante una rueda de prensa difundida en septiembre de este mismo año.
En tal intervención, Mario Draghi anticipó que el Gobierno italiano sí tiene previsto estudiar cómo obligar a su población a vacunarse, al menos cuando la situación lo permita.
Actualmente en el país vecino los profesionales sanitarios no tienen permiso para eludir la inoculación anti-Covid; una obligatoriedad a la que se le unirán otros sectores laborables a partir del 15 de diciembre, desde militares hasta profesores, pasando por agentes de fuerza de seguridad.
Grecia, entre tanto, ya ha impuesto la vacunación obligatoria en el país, aunque de momento sólo atañe a los mayores de 60 años; la ley entrará en vigor en enero de 2022, tal y como anunció este mismo martes el primer ministro de la nación, Kyriakos Mitsotakis.
¿Cuál es la tendencia nacional?
España, por su parte, no tiene previsto de momento hacer de la vacunación algo más que una acción voluntaria, a pesar de contar entre sus estatutos con una legislación que respalda los cimientos de una posible imposición a inocularse.
Después de todo, hablamos de un país en el que casi el 90 por ciento de su población ha optado por dar su voto de confianza a la protección y efectividad de las dosis contra la Covid-19, convirtiendo al país en uno de los más receptivos a las vacunas, por lo que no es de extrañar esta ausencia de planteamiento entre los diputados del Congreso.
La normativa forma parte de los reales decretos del Boletín Oficial del Estado, sin embargo. Conocida como la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, existen indicios históricos que datan de su activación en el pasado, como fue el caso del brote de sarampión de Granada. Su artículo 2 establece, de hecho, los fundamentos básicos que la regulan.
«Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas, o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad».
Asimismo, en el desglose de su artículo 3, la normativa indica lo siguiente:
«Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible».
Sin embargo, no son pocos los expertos que ven claramente que imponer en España la obligatoriedad de vacunarse del coronavirus podría generar problemas, manifieste lo que manifieste el BOE. Porque si bien existen vacunas que sí son obligatorias, ciertos sueros infantiles que actúan contra enfermedades que buscan erradicarse, la vacunación es una elección, mera recomendación, una voluntad, una decisión de cada persona o padre o tutor legal.
