Hablar de accesibilidad cognitiva en las ciudades es aludir a la autonomía y a la innovación social que deben vestir con más regularidad las grandes urbes.
Entornos inclusivos, textos comprensibles, pictogramas adaptados, tecnologías de integración. La accesibilidad cognitiva es aquella que apuesta porque todas las personas entiendan con claridad todo cuanto les rodea; una facilidad que, trasladada al entorno urbano de las calles, se convierte en el ingrediente diferencial que hace a una ciudad acogedora u ofensiva, caótica o tolerable, enemiga o aliada.
Accesibilidad cognitiva: haciendo la vida más fácil a todo el mundo
Junto a la accesibilidad física y la accesibilidad sensorial, la accesibilidad cognitiva forma parte del eslabón de la cadena que conforma la accesibilidad universal. Después de todo, más que ley, comprender el entorno es un derecho democrático, de todos.
Igual que poder seguir un libro, captar las implicaciones de las leyes que nos gobiernan, entender la tecnología y los dispositivos que nos conecta, y disponer de la opción de manejar con facilidad los productos que compramos.
La discapacidad no se limita a problemas en los sentidos o en los órganos o en las emociones; también implica una deficiencia cognitiva, la llamada discapacidad intelectual; la cual hace referencia a personas que tienen trastornos de aprendizaje, que presentan problemas de desarrollo mental, que sufren de algún deterioro cognitivo, o, sin ir más lejos, que se perfilan entre las singularidades del espectro autista o en la clasificación de cualquier otra enfermedad o trastorno a nivel mental.
La accesibilidad cognitiva también le sienta como anillo al dedo a niños, mayores e incluso extranjeros; y lo mismo a quienes no saben leer o quienes no conocen el idioma. Así, entornos, servicios, tecnología, productos y contenidos pueden beneficiarse de la facilidad comprensora de la accesibilidad cognitiva, igual que los espacios urbanos de las calles y otras zonas públicas.Más accesibilidad cognitiva en las ciudades
Siete de cada diez españoles habita en las ciudades del país y no en un entorno rural, según la Fundación Cotec para la innovación; y un buen puñado de ellos corresponde a personas que necesitan más la accesibilidad cognitiva que otros. Una cifra in crescendo que subraya la necesidad de adaptar los entornos de las grandes urbes.
Uno de cada tres personas tienen problemas de accesibilidad cognitiva, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y sólo en España hay más de 3.528.221 personas con alguna discapacidad; 270 mil personas con discapacidad intelectual, mismamente, y 9.307.511 mayores de 65 años, según los datos del padrón continuo del Instituto Nacional de Estadística (INE), difundidos en abril de este mismo año.
En cualquier caso, el futuro de todas las metrópolis pasa por el barómetro de la sostenibilidad y la accesibilidad, un proceso de transformación en el que la discapacidad intelectual juega un papel tan fundamental como clave.
Pero existe un problema que ninguna de las entidades sociales en funcionamiento hoy en día ha podido solventar con la ley en la mano, y es el desamparo que sufre la accesibilidad cognitiva a nivel legal y de decreto, pues ni las normativas europeas ni la legislación española establecen en sus estatutos directrices con ímpetu reglamentario que arquitectos y otros diseñadores de la accesibilidad urbana deben seguir.
Sí, ambas normativas exigen igualdad física, y defienden la accesibilidad sensorial, pero mantienen una omisión absoluta y penosa ante las barreras cognitivas. Un silencio parlamentario que sólo sirve para separar más al colectivo del resto de la población, y azuzar el fuego de las dificultades cognitivas de quienes tienen este tipo de deficiencia.
«La accesibilidad cognitiva no está reglada, no existe una normativa y esto supone un problema, porque todos tenemos derecho a un entorno accesible», denunció en concordancia con esta desigualdad y discriminación entre discapacidades Berta Brusilovsky, presidenta de la Asociación para la Comprensión Fácil de Entornos y Edificios.
¿Es justo? Absolutamente no, y menos cuando el poder desenvolverse con autonomía en los espacios públicos y comunitarios es un derecho, no una opción; menos, todavía, cuando ha quedado más que demostrado que las mismas soluciones espaciales que favorecen la movilidad de la población en general, sirven también para facilitarle la vida a las personas con discapacidad intelectual, en particular.
Lo que viene a respaldar que invertir por la accesibilidad cognitiva no exige una gran apuesta económica al Gobierno, por lo que no existe justificación alguna para no incentivarla, como tampoco hay razón social, política, económica y cultural que impida el no poder ayudar al colectivo con problemas intelectuales a interpretar con sencillez, pero exactitud el entorno que los rodea.
Por todo ello, diseñar espacios más accesibles para las personas con discapacidad intelectual es un beneficio que ninguna ciudad debería desmeritar, y que ninguna sociedad debería dar la espalda; y menos si se tiene en cuenta que la desorientación es algo que en cualquier momento puede aguijonear y angustiar a cualquier persona, tenga o no discapacidad.
Porque, siendo honestos, ¿quién no se ha despistado en un hospital o aeropuerto? Por ejemplo. ¿Quién no ha leído una ley o carta oficial para al final darse cuenta de que no ha entendido ni la mitad, debido al complejo lenguaje jurídico que se gastan los textos oficiales? ¿Quién no ha tenido que preguntar por el cuarto de baño en un centro comercial, a falta de que no está bien señalizado?
Es un hecho más que demostrado que, aunque una persona no tenga habitualmente ninguna dificultad de comprensión, su vida es mucho, muchísimo más fácil, si tiene que reducir a contadas ocasiones o a ninguna el esfuerzo cognitivo.
¿Qué requisitos ha de cumplir una ciudad para ser considerada apta en accesibilidad cognitiva?
A juicio de The Arc, la organización estadounidense de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, la accesibilidad cognitiva en las ciudades debe formularse bajo los requisitos de una información inclusiva.
De esta forma, las ciudades deben abandonar la costumbre de esgrimir la memorización como herramienta, y apoyarse más en la innovación social de sus diseños, erigiendo tanto entornos como edificios que faciliten la orientación y la autonomía de todos los ciudadanos, personas con discapacidad cognitiva incluidas.
Deben recurrir a carteres con lectura fácil, cuyo método de redacción dé pie a una lectura y comprensión más sencilla del contenido aludido; una facilidad presentada no sólo en el formato, sino también en el lenguaje. Es el caso de los pictogramas y símbolos, estupendos instrumentos que adaptan los carteles y las señales públicas a una verdadera accesibilidad cognitiva, a fin de que todas las personas que transiten por la calle y las ojeen puedan entenderlas.
Tampoco hay que olvidar la importancia de la tecnología accesible y asistiva, pues fomentar dispositivos de uso fácil es sinónimo de mejora en la calidad de vida, desde aquellos aparatos electrónicos diarios como el móvil y el ordenador, hasta accesorios domésticos con programación intuitiva, como las lavadoras de uso sencillo.
