El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 sacó este lunes a consulta pública su propuesta de anteproyecto de ley para adecuar la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social y la de Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de Dependencia a la nueva redacción del artículo 49 de la Constitución española.

La consulta pública permanecerá abierta hasta el 28 de mayo y, con ella, Derechos Sociales anima a todas las personas, asociaciones u otras entidades que puedan verse afectadas a enviar sus opiniones o propuestas alternativas respecto al contenido de la norma y las previsiones que esta recoge.

La modificación normativa propuesta persigue la extensión y refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal. Su objetivo es favorecer la coordinación normativa y, por tanto, la seguridad jurídica en materia de discapacidad.

Asímismo, las multas por incumplimiento de la Ley General de Discapacidad se destinarán a la promoción de la accesibilidad universal y prevé, además, la creación de un registro estatal de tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad.

Por otro lado, la reforma persigue garantizar la autonomía e inclusión de las personas con discapacidad en entornos universalmente accesibles; intensificar la protección de las personas con discapacidad; mejorar la protección de las mujeres y de la infancia con discapacidad; garantizar la accesibilidad universal como un derecho, y proyectar una imagen positiva de las personas con discapacidad.

Además, busca “mejorar el proceso sancionador en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad”; destinar la recaudación de las multas por incumplimientos de la Ley General sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a inversiones para extender la accesibilidad universal; crear un registro estatal de tarjetas de aparcamiento; promover la igualdad de las personas con discapacidad ante la Inteligencia Artificial (IA); y “favorecer el tránsito hacia un modelo de atención social” donde sean las personas en situación de dependencia las que decidan sobre dónde y como quieren vivir.

Todas las propuestas, sugerencias y objeciones que deseen realizarse de cara a la presente consulta deberán remitirse al correo electrónico ‘tecnico-juridico.vpsocial@dsca.gob.es’.

Desde el Ministerio insisten en que solo se atenderán aquellas en las que el remitente se haya identificado de forma adecuada.

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