Nuevos datos revelan que la exclusión de las 85 millones de personas con discapacidad en la región no solo es injusta, sino insostenible
Cecilia Martínez Gómez en El País, martes 7 de diciembre de 2021.
Caminar por una acera en la ciudad de Asunción es un desafío. Baldosas desiguales, automóviles mal estacionados o falta de señalización son algunas de las dificultades con las que se encuentra cualquier transeúnte. En el caso de una persona con discapacidad es una experiencia de alto riesgo.
Si es una persona con discapacidad visual o un usuario de silla de ruedas, transitar por una acera en mal estado se vuelve casi imposible. Esto no es exclusivo de la capital paraguaya, se replica en gran parte de las grandes urbes latinoamericanas.
La creencia generalizada de que eliminar barreras es construir rampas en lugar de escalones, por ejemplo, impide ver que las barreras a las que se refiere la definición van mucho más allá de las estructuras físicas. El concepto de barreras incluye además las comunicacionales, instrumentales, actitudinales, entre otras, lo que habla de sistemas institucionalizados de exclusión.
Según un nuevo estudio del Banco Mundial, en la última década se han dado cambios legales e institucionales progresivos para los 85 millones de personas con discapacidad en Latinoamérica. Sin embargo, aún hay un largo camino entre los avances en la teoría y su implementación.
Los datos globales sugieren que la exclusión de las personas con discapacidad puede representar una caída de entre el 3% y el 7% del Producto Interno Bruto de un país. Llevado esto a la región de América Latina y el Caribe, donde 52 millones de hogares tienen al menos una persona con algún tipo de discapacidad, y donde el envejecimiento acelerado se traduce en más personas con discapacidad, la necesidad se vuelve inminente.
