El Parlamento y el Consejo Europeo tienen hasta el próximo verano para debatir y aprobar la propuesta presentada para que sirva de referencia en la UE.

El mundo está en constante evolución y las nuevas tecnologías aceleran todos los procesos. Por ello, es importante que los países, de manera individual y a través de las organizaciones globales, adapten sus marcos jurídicos a la actualidad para que nadie se quede al margen.

Unión Europea (UE) y transformación digital

En este sentido, la Unión Europea lleva años trabajando para encontrar la fórmula con la que adecuar sus leyes reguladores a los valores europeos expresados en sus principios tanto en el ámbito offline como en el online.

De hecho, en este mes de enero, la Comisión Europea ha presentado una propuesta titulada ‘derechos y principios digitales’ con la intención de que sea un documento de referencia sobre el tipo de transformación digital que promueve la UE.

Portada del documento presentado a la Unión Europea (UE)
Portada del documento presentado a la Unión Europea (UE). / © Unión Europea

Esta declaración, que tiene que ser discutida y aprobada por el Parlamento y Consejo Europeo antes del próximo verano, también servirá como guía para los políticos y las empresas de los países de la UE en relación a las nuevas tecnologías.

Un documento que regule los principios europeos tanto en el ámbito offline como en el online

Puntos clave

La propuesta recoge cuestiones clave en materia de la digitalización como el carácter central de las personas y sus derechos; el apoyo a la solidaridad y la inclusión; la garantía de la libertad de elección online; el fomento de la participación en el espacio público digital; o la promoción de la sostenibilidad del futuro digital, entre otros.

Objetivos de la ue: que todos sus ciudadanos tengan una conectividad digital asequible de alta velocidad; aulas escolares bien equipadas; profesores formados en competencias digitales; y acceso ininterrumpido a los servicios públicos

Además, este documento que debe aprobar la UE también implicaría un marco jurídico sobre diferentes cuestiones de interés para la sociedad: un entorno digital seguro para los niños; la desconexión fuera del horario laboral; control sobre el uso de los datos personas y con quién se comparten; y la obtención de información de fácil compresión sobre el impacto medioambiental de los productos digitales.

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