El 70 por ciento de las personas encuestadas por Dincat consideran que la información de la administración pública «no es accesible».

Las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo se enfrentan a diario a muchas barreras debido a la falta de accesibilidad cognitiva en bastantes ámbitos de la sociedad. Uno de ellos, según reflejan los resultados de la encuesta realizada por Dincat, son las administraciones públicas.

Encuesta de Dincat

Esta entidad, representante de las personas de este colectivo en Cataluña, ha hecho una encuesta entre sus socios para conocer cómo es la accesibilidad cognitiva de la administración pública. El resultado es muy claro ya que «más del 70 por ciento de los encuestados consideran que la información no es accesible».

«Esta falta de accesibilidad cognitiva les dificulta su participación en la sociedad»

Comunicado Dincat

Además, los datos también muestran que «el 40 por ciento de las personas de este colectivo no entiende las pautas médicas, que el 80 por ciento no tiene herramientas para comprender las leyes, y que más del 50 por ciento afirma que hay pocos libros adaptados a Lectura Fácil».

Un hombre enfadado y con las manos en la cabeza
Un hombre enfadado y con las manos en la cabeza. / © Nicola Barts. Pexels

Declaraciones del presidente

Ante estas cifras, Carles Campuzano, director de Dincat, explica: «Son cifras muy preocupantes y es necesario, de una vez, poner hilo a la aguja en este tema. La accesibilidad cognitiva es un derecho que tienen todas las personas y que beneficia de manera especial a personas con dificultades de comprensión como las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, autismo, parálisis cerebral o personas mayores con deterioro cognitivo, entre otros.

«Nos hace falta, por tanto, un mundo es más fácil de entender para que las personas con discapacidad intelectual tengan las mismas oportunidades que el resto, sin tener que depender de otras personas»

Carles Campuzano, presidente de Dincat

Por último, la asociación reclama a la administración pública «un compromiso firme para garantizar el pleno derecho a la inclusión del colectivo en ámbitos como la Cultura, la Salud, la Justicia o la Política, entre otros». «Hay que impulsar planes de accesibilidad cognitiva, destinar recursos económicos, definir medidas concretas y crear equipos profesionales de expertos en este ámbito», concluye el comunicado

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